- «Omitir una denuncia nos hace cómplices»: La advertencia legal de una funcionaria en el Día contra la Violencia
Durante una transmisión en vivo del programa «Salud y Bienestar» del Área de Salud San Juan, San Diego,Concepción, la experta Tatiana Quesada Rodríguez, integrante de la Comisión de Prevención y Atención de Violencia, no solo expuso la cruda realidad de los diferentes tipos de maltrato, sino que también destacó la obligación legal que tiene toda la comunidad de actuar frente a estos casos.
La charla, dirigida a una audiencia virtual, se transformó en una guía crucial para identificar, comprender y, sobre todo, denunciar las diversas formas de violencia que suelen permanecer ocultas en el día a día.
Quesada Rodríguez desglosó con precisión clínica y legal los seis principales tipos de violencia que afectan a la sociedad: física, psicológica, sexual, patrimonial, negligencia o abandono, y la violencia institucional.
La especialista fue más allá de la teoría y llevó a la audiencia a la realidad cotidiana, enumerando indicadores concretos que suelen ser señales de alarma. «No son solo moretones o golpes», explicó. «La violencia psicológica se manifiesta con humillaciones, control a través del celular o aislamiento. La patrimonial, cuando nos impiden usar nuestros bienes o nos sustraen documentos. La negligencia, cuando un adulto mayor no es llevado a sus citas médicas. Eso también es violencia».
Protocolos y obligación legal: Un llamado a la acción
La experta dedicó una parte crucial de su intervención a detallar el protocolo de las 72 horas para casos de violencia sexual, un mecanismo de atención urgente que incluye la valoración médica en el Hospital Max Peralta, la coordinación con el PANI si hay menores de edad involucrados y la obligatoria denuncia al Ministerio Público.
Pero quizás la advertencia más severa fue la relacionada con el imperativo legal de denunciar. Quesada citó artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Código Penal que obligan a centros educativos, de salud (públicos y privados) y a cualquier ciudadano a reportar sospechas de maltrato.
«El que, omitiendo denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, puede ser reprimido con prisión de 6 meses a 4 años», alertó, refiriéndose al artículo 329 del Código Penal. «Quien tiene conocimiento de la falta y no brinda la información estando obligado, puede ser castigado».
Como cierre, la funcionaria proporcionó un listado de instituciones donde se pueden interponer denuncias de forma confidencial: el Juzgado de Pensiones y Violencia, la Fiscalía de La Unión, el PANI, la Fuerza Pública y, de manera anónima, a través del 9-1-1.
«Todos debemos denunciar»
La exposición de Quesada dejó una conclusión contundente y una responsabilidad compartida: la violencia es un problema de salud pública multifacético que no se combate solo con discursos, sino con acción y denuncia.
El mensaje final es claro: identificar los signos de la violencia es el primer paso, pero reportarla no es una opción, es una obligación legal y moral. El silencio, quedó demostrado, no solo encubre al agresor, sino que convierte en cómplice a quien, pudiendo actuar, prefiere mirar hacia otro lado. La erradicación de la violencia comienza por romper el ciclo del secreto y la indiferencia.