- Vagos, menores y mujeres: La visión del Estado costarricense del siglo XIX sobre el trabajo y la moral
El 12 de julio de 1867, el presidente José María Castro promulgó la Ley sobre Vagancia, una normativa que buscaba regular la ociosidad, el trabajo y ciertos comportamientos considerados antisociales en la Costa Rica del siglo XIX.
Esta ley, analizada desde perspectivas históricas diversas, refleja tanto las preocupaciones de una nación en formación por establecer orden y productividad, como los métodos coercitivos que se utilizaron para lograrlo. Su contenido ofrece una ventana a los valores, desafíos y contradicciones de la época.
Desde una perspectiva de la época, la ley respondía a preocupaciones legítimas de orden público y desarrollo económico. Una nación joven, con recursos limitados y una economía basada en la agricultura —especialmente el café—, podía ver en la ociosidad generalizada un obstáculo para el progreso. La ley buscaba integrar a personas sin ocupación formal al aparato productivo, asignándolas a trabajos públicos o a empleadores privados, en teoría bajo un salario convenido. Esto podía interpretarse como un mecanismo de inclusión laboral forzosa, en un contexto donde las redes de protección social eran prácticamente inexistentes.
La norma también intentaba abordar problemas sociales concretos, como el abandono de menores (a quienes se asignaba un tutor laboral), la mendicidad no regulada y los conflictos en los contratos de servicio doméstico y rural, estableciendo por primera vez reglas claras sobre plazos y despidos (Art. 17-20). Incluso contenía disposiciones proteccionistas, como sancionar al patrón que maltratara a un trabajador (Art. 6) u obligar al marido a proveer alimentos a su esposa (Art. 21).
Sin embargo, desde una óptica contemporánea, la ley presenta aspectos altamente controversiales. La definición de «vago» era amplia y subjetiva, abarcando desde el desempleado hasta el joven «escandaloso» o la mujer sospechosa de prostitución. Esto otorgaba a las autoridades políticas (gobernadores, jefes políticos) un poder discrecional enorme para intervenir en la vida privada, con procedimientos sumarios de 72 horas y sin las garantías judiciales completas (Art. 23-24).
El sistema de «entrega» de personas a patrones, aunque estipulaba un salario, se asemejaba a formas de trabajo forzoso o servidumbre por deuda social, especialmente en el caso de menores y mujeres.
La ley fusionaba delitos contra la propiedad (como el hurto de café, penado con años de obras públicas) con faltas morales o de status social, equiparando al pobre con el delincuente. Esto reflejaba una visión paternalista y moralizante del Estado, que buscaba no solo controlar la economía, sino también moldear la conducta ciudadana según un ideal de laboriosidad y sumisión.
La Ley sobre Vagancia de 1867 no puede juzgarse con los estándares jurídicos y sociales del siglo XXI. En su contexto histórico, puede entenderse como un intento —aunque severo— de un Estado en construcción por generar orden, fomentar el trabajo y resolver problemas sociales agudos en una sociedad con instituciones débiles. Al mismo tiempo, su análisis crítico revela cómo ese mismo instrumento legitimó la coerción, la desigualdad y la intromisión estatal en las vidas de los más vulnerables, priorizando el control y la productividad económica sobre la autonomía y los derechos individuales.
Esta ley, por lo tanto, constituye un documento fundamental para comprender las tensiones inherentes al proceso de formación nacional costarricense: el equilibrio —siempre complejo y a menudo fallido— entre el imperativo del orden público y el respeto a la libertad personal, entre la necesidad de desarrollo económico y la protección de la dignidad humana.
Su estudio invita a una reflexión balanceada sobre cómo las sociedades legislan sobre la pobreza, el trabajo y la moral, debates que, en esencia, siguen vigentes hoy.
Recopiló: Lic. Leonardo Jiménez Campos
Periodista