Por: Lic. Leonardo Jiménez Campos
Periodista
leonardojimenezcampos@gmail.com
Costa Rica, reconocida mundialmente por su liderazgo ambiental y su imagen de «país verde», enfrenta una realidad incómoda: mientras presume de sus áreas protegidas y su sostenibilidad ante foros internacionales, en el terreno la expansión urbana, los desarrollos inmobiliarios y la agricultura ilegal avanzan sin control, devorando bosques, humedales y zonas de amortiguamiento. La legislación costarricense es clara—la Ley de Biodiversidad (N° 7788), la Ley Forestal (N° 7575) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) establecen protecciones robustas—, pero su aplicación es selectiva, negligente y, en muchos casos, cómplice.
Destrucción a vista de pájaro (y de las autoridades)
No hace falta ser científico para verlo: en Guanacaste, los manglares son rellenados para proyectos turísticos; en la GAM, las urbanizaciones ilegales se comen las zonas protectoras; y en el Caribe, los monocultivos penetran áreas silvestres sin que el Estado actúe con firmeza. El SINAC—supuesto guardián de la biodiversidad—carece de recursos y personal suficiente, mientras las municipalidades, en lugar de frenar los delitos ambientales, a veces los legalizan a posteriori con cambios de zonificación sospechosos.
Y cuando hay operativos, son esporádicos y reactivos: se desalojan invasiones cuando ya el daño está hecho, se multa a infractores que nunca pagan y se archivan denuncias por «falta de pruebas», aunque los satélites y los vecinos lleven años documentando la destrucción. Mientras tanto, políticos y funcionarios repiten como mantra que «Costa Rica es un ejemplo de conservación», mientras los ecosistemas se fragmentan.
El cinismo político: de profetas verdes a espectadores pasivos
Lo más indignante es el contraste entre el discurso y los hechos. Los mismos diputados que hoy se toman selfies en el Día del Ambiente, ayer recortaron presupuestos para control forestal. Los alcaldes permiten con su inacción la toma de las zonas protegidas para construir viviendas claramente ilegales, mañana dirán en una conferencia que «defienden el desarrollo sostenible». Y los jerarcas de turno, que en foros internacionales hablan de carbono neutralidad, permiten que proyectos sin estudios de impacto real se aprueben por «interés nacional».
Este doble juego no es inocente: saben que la marca «verde» atrae turismo e inversión, pero también que, en la práctica, pueden dejar que la maquinaria de la destrucción siga operando. Mientras tanto, guardaparques y activistas arriesgan su integridad para proteger lo que las instituciones deberían salvaguardar por ley.
Costa Rica, ¿paraíso ecológico o fachada que se cae a pedazos?
El país sigue vendiéndose al mundo como un modelo, pero la realidad es que su conservación depende cada vez más de parches y casualidades: áreas que se salvan porque no son rentables para explotar, o porque la presión ciudadana obliga a actuar. El resto—bosques, humedales, corredores biológicos—queda a merced de intereses económicos y la ineptitud estatal.
Y así, entre certificados de sostenibilidad y permisos ilegales, Costa Rica pierde su esencia. Pero no se preocupen: cuando ya no quede nada que proteger, los mismos de siempre harán un acto público para plantar un árbol—con rótulos gigantes y prensa invitada—y proclamarse, una vez más, los héroes del ambiente. Qué orgullo, señores. Qué vergüenza.