Los Cerros de La Carpintera son un símbolo de resistencia. En medio del caótico crecimiento urbano del Valle Central, estos bosques nubosos —últimos vestigios del ecosistema original de la región— han sobrevivido a décadas de indiferencia estatal, presión inmobiliaria y una peligrosa fragmentación. El reciente Plan General de Manejo (PGM) para esta Zona Protectora, aprobado tras años de lucha ciudadana, es un avance, pero también un recordatorio de que los decretos no bastan si no hay voluntad política para cumplirlos.
Un plan tardío, pero necesario
Costa Rica tiene una paradoja: se jacta de su liderazgo ambiental, pero muchas de sus áreas protegidas carecen de planes de manejo o recursos para implementarlos. La Carpintera, declarada Zona Protectora en 1976, pasó casi 50 años sin una hoja de ruta clara, mientras sus bosques eran invadidos por urbanizaciones irregulares y sus nacientes de agua, sobreexplotadas. El PGM, elaborado en 2012, llegó tarde, pero al menos establece normas concretas: delimita zonas intangibles, regula el uso del suelo y prioriza la conectividad ecológica.
El mérito es de la sociedad civil. Asociaciones como ASMOCICU y ASOPROCA, junto a científicos y vecinos, lograron lo que el Estado no hizo: documentar la biodiversidad del lugar (con especies endémicas como la orquídea Malaxis carpinterae), presionar por estudios técnicos y articular a instituciones dispersas. Sin ese empuje, hoy seguiríamos hablando de un «área protegida» solo en el papel.
Las sombras del plan: burocracia y descoordinación
El PGM es robusto en diagnóstico, pero frágil en ejecución. Por ejemplo:
- La Municipalidad de La Unión tiene la obligación de ajustar su plan regulador al PGM (p. 74), pero aún no lo hace de manera integral. Mientras, construcciones ilegales avanzan en zonas de amortiguamiento.
- El SINAC, encargado de la vigilancia, no cuenta con personal permanente en el área. La tala y la cacería furtiva siguen siendo problemas recurrentes.
- Los propietarios privados, aunque incluidos en el plan, reciben poco apoyo para adoptar prácticas sostenibles. Solo 147 hectáreas reciben Pagos por Servicios Ambientales (PSA), una fracción mínima del territorio.
Además, el plan no resuelve tensiones históricas, como la minería de sílice (autorizada en el pasado mediante un polémico decreto) o la presión de megaproyectos turísticos que ven la zona como un «balcón escénico» para hoteles de lujo.
Lecciones para el futuro
La Carpintera es un caso testigo de los desafíos de conservar áreas protegidas en contextos urbanos:
- Sin inversión, no hay conservación. El Estado debe asignar recursos reales para vigilancia y restauración.
- La participación ciudadana no es opcional. El PGM surgió porque los vecinos se organizaron; su implementación requerirá mantener esa presión.
- Urge un enfoque metropolitano. La Carpintera abarca cuatro cantones, pero solo La Unión asume un rol activo. Sin coordinación intermunicipal, el plan seguirá siendo un collage de buenas intenciones.
Más allá del papel
El PGM es un logro, pero no un final. Si en cinco años no vemos resultados tangibles —menos invasiones, más reforestación, ríos protegidos—, el plan se sumará a la larga lista de documentos olvidados en un cajón. Los Cerros de La Carpintera no aguantan otro medio siglo de negligencia. Su conservación no es solo un deber legal; es una deuda con las futuras generaciones que merecen heredar algo más que cemento y nostalgias de un paisaje que pudo salvarse.
Referencia: Plan General de Manejo Zona Protectora Cerros de La Carpintera (2012).