Mientras el cantón de La Unión y sus organizaciones ciudadanas han demostrado con hechos que la protección de los Cerros de La Carpintera es posible —con la adquisición de tierras, el mantenimiento de senderos y la vigilancia ciudadana—, el otro costado de la montaña, el que mira hacia los distritos de San Diego, Río Azul, Patarrá y Tirrases, se desmorona ante la indiferencia institucional. Un mismo cerro, dos destinos radicalmente opuestos. Una misma área silvestre protegida desde 1976 por Decreto Ejecutivo Nº 6112-A MAG, pero con dos niveles de protección: uno ejercido por el esfuerzo ciudadano, otro abandonado al libre albedrío de la especulación inmobiliaria y la incuria municipal.
En el flanco noreste, donde vecinos y propietarios han hecho suya la defensa de la montaña —a través de ASMOCICU, ASOPROCA, la Asociación de Guías y Scouts y propietarios privados que voluntariamente han sometido sus tierras a régimen forestal—, los bosques se han recuperado. Allí, donde en los años treinta del siglo pasado solo había pastizales y cafetales, hoy crece un bosque secundario maduro, con ejemplares de roble, higuerones y cedros amargos. Allí, donde las fotografías de Paul C. Standley mostraban un paisaje desolado el quetzal, ese ave emblemática que requiere bosques maduros, ha sido avistado nuevamente.
Este éxito contrasta brutalmente con la realidad del flanco sur y oeste de la Zona Protectora Cerros de La Carpintera (ZPCC). Allí, la urbanización avanza sin control. Hoy cientos de hectáreas ya están cubiertas por asentamientos humanos. No se trata de desarrollos planificados con criterios ambientales, sino de ocupaciones ilegales que crecen al amparo de la inacción municipal. El cantón de Desamparados, con el distrito de Patarrá, y el sector de San Diego y Río Azul en La Unión, han visto cómo el cemento y el zinc han ido trepando las laderas, ignorando que se trata de un área de recarga acuífera, de suelos frágiles y de alta vulnerabilidad sísmica.
Las cifras son elocuentes: entre 1970 y el 2015, se estima que la población en los distritos que conforman la ZPCC creció a una tasa anual del 7%, muy por encima del crecimiento nacional (2.36%) y provincial. En Patarrá, el crecimiento poblacional estimado fue del 10.56% anual. En Tirrases, del 7.83%. Este crecimiento vertiginoso, sin planificación y sin control, ha devorado el bosque, ha contaminado las aguas y ha puesto en riesgo la estabilidad de los suelos.
¿Qué ha hecho la Municipalidad de La Unión o la de Desamparados ante este desastre? ¿Y la de Curridabat? ¿Y la de Cartago? Prácticamente nada. El Plan de Manejo de la ZPCC, aprobado oficialmente en mayo de 2012, después de un proceso participativo que duró años y que contó con el apoyo del MINAET, el SINAC y el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, establece una Zona de Asentamientos Humanos (ZAH) con una normativa clara: «No se permitirá la expansión de los asentamientos humanos existentes». Pero esa norma, en la práctica, es letra muerta.
Los Planes Reguladores de los municipios involucrados son inexistentes o insuficientes, el Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana, ya había identificado la ZPCC como una «Zona Potencial de Conservación y Protección» de muy alta fragilidad ambiental. Los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA) son claros: allí no se debe construir. Sin embargo, los ayuntamientos hacen oídos sordos.
Mientras tanto, la Comisión Interinstitucional creada por Decreto Ejecutivo No 34547-MINAE, que elaboró el Plan de Manejo, está desactivada en la práctica. El Consejo Local de la ZPCC, que debía ser el órgano de cogestión entre el Estado, los propietarios y la sociedad civil, apenas si ha sesionado. El MINAET/SINAC, que debía garantizar la presencia institucional permanente, no ha asignado ni un guardaparques dedicado exclusivamente a la ZPCC. La promesa de contar con «3 funcionarios permanentes» para la gestión de la zona protectora no se ha cumplido.
La situación es particularmente grave en ciertos sectores de San Diego y Río Azul.
Es indignante que los ciudadanos que han hecho suya la defensa de La Carpintera —los miembros de ASMOCICU, que incluso crearon un Fideicomiso para comprar tierras y evitar que fueran urbanizadas; los propietarios de ASOPROCA, que buscan desarrollar planes de manejo de finca acordes a la normativa del PGM— tengan que enfrentarse solos a la voracidad inmobiliaria.
Es injusto que el Estado, que declaró esta zona como protegida, no ponga los recursos necesarios para hacer efectiva esa protección. Es inaceptable que las municipalidades, que tienen la competencia en materia de ordenamiento territorial y control urbano, evadan su responsabilidad.
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente establece que las fincas particulares dentro de áreas protegidas «quedarán comprendidas dentro de las áreas silvestres protegidas estatales solo a partir del momento en que se haya efectuado legalmente su pago o expropiación». Pero esa norma no se cumple. El Estado no tiene presupuesto para comprar esas tierras, y mientras tanto, los asentamientos ilegales se multiplican.
La solución no puede venir solo del MINAET. El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que tiene concesiones de agua en la zona, debería ser un aliado estratégico en la protección de las nacientes. El Ministerio de Salud debería velar por el cumplimiento de las normas sanitarias. El Ministerio de Seguridad Pública debería apoyar en el control de invasiones. Pero todas estas instituciones brillan por su ausencia.
Los Cerros de La Carpintera no son solo un «pulmón» para el Gran Área Metropolitana. Son el último reducto del bosque nublado que cubría el Valle Central. Son el hogar de especies endémicas como la orquídea Malaxis carpinterae, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Son una fuente de agua para decenas de comunidades y para la industria. Son un conector biológico entre la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de Talamanca. Son un patrimonio de todos los costarricenses.
¿Qué hay que hacer para que las autoridades tomen cartas en el asunto? Las zonas de manejo están definidas. La normativa está clara. Solo falta voluntad política para hacerla cumplir. Para que los municipios de La Unión, Cartago, Desamparados y Curridabat se sienten a coordinar una estrategia común. Para que el MINAET asigne los recursos humanos y financieros prometidos. Para que se reactive la Comisión Interinstitucional y se ponga en marcha el Consejo Local.
No podemos permitir que el flanco sur de La Carpintera se convierta en una favela, mientras el flanco norte intenta preservar el paraíso. No podemos dejar que la indiferencia institucional destruya lo que el esfuerzo ciudadano intenta salvar. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y que los gobiernos locales actúen con la contundencia que la Ley y la razón demandan. Si no lo hacen, estarán siendo cómplices de la destrucción de uno de los últimos tesoros naturales de la Gran Área Metropolitana.
Los Cerros de La Carpintera no pueden esperar. Y los ciudadanos, que ya han demostrado su compromiso, no deben seguir luchando solos. Exigimos a las autoridades competentes que actúen. Exigimos que se cumpla el Plan de Manejo. Exigimos que se detenga la expansión urbana en la Zona Protectora. Exigimos que se proteja el agua, el suelo, la biodiversidad y la belleza escénica de La Carpintera. No podemos permitir que la codicia y la negligencia destruyan lo que la naturaleza nos dio y lo que la ley protege.
Un dato final: El naturalista Paul C. Standley escribió en la década de 1920: «Sería un acto patriótico si este último resto de bella vegetación natural se conservara permanentemente como monumento nacional, de manera que las futuras generaciones pudieran ver lo bello que era su país en su estado primitivo». Más de un siglo después, sus palabras siguen siendo una profecía incumplida. ¿Hasta cuándo?
Tres Ríos, 25 de junio de 2026 (Imágenes con fines ilustrativos)
Hay que salvar ese bello reducto de la naturaleza.
Presión a las municipalidades involucradas.
Los jerarcas q han gobernado la municipalidad de Desamparados es lo peor q nos ha pasado. Día con día el deterioro es gigantesco, no hay plan urbano, no hay controles las edificaciones se levantan indiscriminadamente.
Lo peor los cerros de alrededor avanzan a vista y paciencia llenándose de tugurios q llevan desorden contaminación y toneladas de basura. Y los alcaldes y el consejo municipal. Nada de nada.
Mi pregunta es: qué se está haciendo en este momento y qué se tiene planificado hacer a corto y mediano plazo, porque las construcciones siguen subiendo y hay corta y quema del bosque, lo puedo ver todos lis días desde mi terraza.