La democracia no se construye solo con elecciones, sino con gobiernos locales abiertos, accesibles y sometidos al escrutinio ciudadano. En Costa Rica, sin embargo, persisten prácticas municipales que violan este principio básico: desde la transmisión opaca o inexistente de sesiones hasta el cambio arbitrario de horarios o días de reunión sin informar a la ciudadanía. Estas acciones no son simples descuidos administrativos, sino incumplimientos graves de la ley y la jurisprudencia constitucional.
La transmisión en tiempo real: Una obligación, NO una opción
El marco legal es claro:
- Publicidad de las Sesiones
- Todas las sesiones de concejo y comisiones deben ser públicas, salvo contadas excepciones
- La transmisión en vivo es la forma más efectiva de garantizar este mandato en la era digital.
- Acceso a la información en tiempo Real (Jurisprudencia Constitucional)
- La Sala Constitucional ha sido contundente: los municipios deben usar medios tecnológicos accesible a la ciudadanía
- La improvisación en horarios o fechas de sesiones sin previo aviso público violenta el deber de transparencia activa.
- Todas las comisiones municipales también deben transmitirse
- No solo las sesiones plenarias, sino todas las comisiones (técnicas, especiales o de trabajo) creadas por el Concejo o la administración deben ser públicas y transmitidas.
Ocultarlas es una forma de eludir el control ciudadano sobre decisiones que, muchas veces, definen el uso de recursos públicos.
El cambio arbitrario de horarios: Una práctica inaceptable
Algunos municipios recurren a modificaciones de última hora en agendas o reuniones, sin notificación oportuna a la ciudadanía. Esto:
- Viola el principio de publicidad (Ley de Administración Pública, art. 11).
- Limita el derecho a la participación (Constitución Política, art. 9).
- Favorece acuerdos opacos, ya que sin difusión previa, la ciudadanía no puede ejercer veeduría.
La excusa de «problemas logísticos» no es válida. Si un concejo municipal puede convocar a sus miembros, tiene la obligación de informar con anticipación y garantizar acceso mediante transmisión en línea.
¿Qué hacer ante el incumplimiento?
La ciudadanía y las organizaciones sociales tienen herramientas:
- Exigir el cumplimiento mediante cartas a las autoridades municipales y a la Defensoría de los Habitantes.
- Interponer recursos de amparo ante la Sala Constitucional si persiste la opacidad
- Difundir y denunciar: La presión pública es clave para romper con prácticas arraigadas de secretismo.
Conclusión: Basta de opacidad en lo municipal
Los gobiernos locales no son feudos privados. Son entidades públicas obligadas a rendir cuentas. Transmitir sesiones, evitar cambios arbitrarios de agendas y garantizar acceso real a la información no es un favor, es un deber jurídico y democrático.
Quienes incumplen no solo desprecian la ley, sino a la ciudadanía que los eligió. Es hora de que los concejos municipales entiendan: la transparencia no se negocia.
Nota: Este medio asume un firme compromiso con la rendición de cuentas. Instamos a las municipalidades a cumplir la ley y a la ciudadanía a exigirla.