En los últimos meses, la ciudadanía ha sido testigo de una preocupante falta de respuesta por parte de la municipalidad ante consultas legítimas sobre temas de interés cantonal. Desde solicitudes de información sobre contrataciones, ejecución presupuestaria, hasta proyectos de infraestructura, la administración local parece evadir su deber de transparencia, incumpliendo no solo con la confianza de los contribuyentes, sino con el marco jurídico que rige a toda institución pública.
La legislación costarricense es clara: el artículo 30 de la Constitución Política garantiza el libre acceso a la información pública, mientras que la Ley N° 8800 (Ley de Acceso a la Información Pública) obliga a los funcionarios a brindar, de manera oportuna y completa, toda documentación que no esté clasificada como reservada. Además, el Código Penal (artículo 346) tipifica como delito la negativa injustificada a proporcionar información de carácter público. Sin embargo, pese a estos mandatos, los vecinos del cantón se topan con silencios administrativos, respuestas dilatorias o, en el peor de los casos, un absoluto desdén.
Ante esta opacidad sistemática, cabe preguntarse: ¿qué intereses se protegen tras este hermetismo? Si la gestión municipal es transparente y está fundada en el bien común, no hay razón para negar información. La resistencia a rendir cuentas solo alimenta sospechas sobre irregularidades, malversación o decisiones arbitrarias que podrían afectar el desarrollo del cantón.
Este medio de comunicación, fiel a su compromiso con la verdad y el derecho ciudadano a estar informado, no callará. No nos amedrentarán presiones, amenazas veladas ni intentos de silenciar el periodismo crítico. Sabemos que hay quienes prefieren operar en la oscuridad, lejos del escrutinio público, pero nuestra responsabilidad es denunciar las irregularidades y exigir transparencia. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se manejan los recursos públicos y qué decisiones afectan su calidad de vida.
Exigimos que la alcaldía cumpla con la ley y rectifique su actitud. La democracia se sustenta en instituciones abiertas al escrutinio ciudadano, no en oficinas que operan entre sombras. La pregunta final es inevitable: ¿Qué es lo que ocultan? La comunidad merece una respuesta clara… y la merece ya. Mientras persista el secretismo, seguiremos preguntando, investigando e informando. Porque callar no es una opción.