Vecinos de San Juan, Villas de Ayarco y Florencio del Castillo no se reunieron el pasado lunes por gusto. Lo hicieron movidos por una frustración que ya no cabe en el ámbito personal: la impotencia colectiva ante un servicio público que no solo es deficiente, sino, en ocasiones, inhumano. A la anterior se suman otros sectores del cantón.
Las denuncias de los habitantes de La Unión no son menores. Hablan de suspensión del servicio sin previo aviso, atrasos crónicos, horarios que no se cumplen y una flota de autobuses claramente insuficiente para cubrir la demanda real, especialmente en horas pico y durante la noche. Pero hay un punto que eleva la crítica a otro nivel: el presunto maltrato hacia las personas adultas mayores, a quienes algunos choferes cuestionarían el derecho a viajar gratis con su cédula e, incluso, les negarían el abordaje al verlos esperar en la parada.
Eso no es solo mal servicio. Eso es discriminación y violación de derechos fundamentales. La Ley otorga el beneficio del transporte gratuito a las personas adultas mayores, no está sujeta a interpretación del conductor. Respetar la cédula de un ciudadano de oro no es un acto de caridad: es una obligación legal y ética.
A eso se suma el calvario diario de los estudiantes que dependen de la ruta periférica hacia Yerbabuena, con esperas de hasta una hora y ausencia total del servicio los fines de semana. ¿Cómo se construye un proyecto de vida con semejante incertidumbre? ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación y la salud cuando la ruta hacia la Clínica de La Unión —utilizada incluso para emergencias— es intermitente y poco confiable?
La comunidad ha actuado con responsabilidad cívica: se organizaron, levantaron la voz, acordaron enviar comunicaciones al Consejo de Transporte Público (CTP), a las empresas operadoras y a la Municipalidad. Incluso han programado una nueva reunión para definir más acciones. Pero el desgaste no debería recaer siempre sobre los hombros de los usuarios.
Las autoridades deben actuar ya. El CTP tiene la facultad sancionatoria y regulatoria. La Municipalidad, la capacidad de fiscalización y acompañamiento.
Las empresas autobuseras, la obligación de prestar un servicio digno, regular y respetuoso. No se pide un lujo: se exige un derecho básico, consagrado en la ley y en la dignidad humana.
De no atenderse estas demandas con prontitud, lo que hoy es una reunión de vecinos podría convertirse mañana en una crisis mayor de movilidad social. Y entonces, nadie podrá decir que no estaba advertido.
(Imagen con fines ilustrativos creada con IA)
Es muy util un paso cebra y semaforo en calle Real inmediación Ebais Nuevo,hoy dia ese cruce muy dificil para adultos mayores,escolares ,madres con coches etc….para llegar a citas y examenes,los conductores no ceden el paso…peligroso un atropello y perdidas de vida…gracias.
Coincido plenamente con lo expuesto en este editorial, pero considero que hay un problema estructural aún más profundo que agrava todos los demás: la conversión del servicio de transporte en un negocio de explotación de un bien público —las carreteras— sin el debido control ni el interés efectivo por parte del Estado.
Más allá de las deficiencias operativas señaladas (atrasos, incumplimientos, flotas insuficientes y trato indigno), lo que evidencia esta situación es una casi nula intervención del Gobierno en su rol de rectoría y fiscalización. Instituciones como el Consejo de Transporte Público (CTP) parecen actuar reactivamente —cuando lo hacen— y no de forma preventiva o sostenida. Resulta preocupante que no exista una exigencia firme y constante de rendición de cuentas a las empresas concesionarias: informes claros, auditorías periódicas y, sobre todo, consecuencias reales ante incumplimientos.
Y cuando eventualmente se logra documentar deficiencias, carencias o incluso abusos —como los denunciados en este caso, incluyendo posibles actos de discriminación contra personas adultas mayores— la respuesta institucional suele ser tardía, débil o simplemente insuficiente. Esto no solo perpetúa el problema, sino que envía un mensaje de permisividad que termina normalizando un servicio que muchos usuarios ya califican, con justa razón, como inhumano.
El transporte público no puede seguir tratándose como un simple negocio privado que opera sobre infraestructura pública con mínima supervisión. Se trata de un servicio esencial que impacta directamente derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud, el trabajo y la movilidad digna. Sin un Estado presente, vigilante y comprometido, cualquier mejora será superficial y temporal.
Urge, entonces, no solo atender las demandas puntuales de estas comunidades, sino replantear el modelo de supervisión y garantizar que el interés público prevalezca sobre cualquier interés económico. Porque cuando el control es débil, el abuso deja de ser la excepción y se convierte en la regla.
Buenas tardes muy acertado su comentario