- La posible no designación en propiedad de la auditora municipal interina envía un pésimo mensaje a la ciudadanía y debilita el control interno.
En los últimos meses, la Municipalidad de La Unión ha sido escenario de un preocupante pulso entre la voluntad de control y la tentación de opacidad. La Auditoría Interna, a cargo de la Máster Zeidy Baltodano Guevara en funciones interinas, ha emitido una advertencia formal —la número 012-2025— ante la falta de respuesta a más de diez solicitudes de información sobre temas sensibles: desde la creación de una plaza clave hasta presuntas irregularidades en contrataciones y la ausencia de operativos de control.
Pero lo que debería ser un llamado al cumplimiento de la ley, se ha convertido en un síntoma de un mal mayor: la persistente resistencia desde la Alcaldía a ser fiscalizada. Y lo que es aún más grave: según se ha hecho público, existe un interés activo por evitar que quien hoy ejerce la auditoría de manera interina sea nombrada en propiedad. ¿La razón? Probablemente, su insistencia en preguntar lo que alguien no quiere responder.
Este no es un asunto menor. La Ley General de Control Interno es clara: la auditoría interna debe ser funcionalmente autónoma, con libre acceso a toda la información necesaria para cumplir su labor. No es un departamento más; es el contrapeso esencial que vela por el correcto uso de los recursos públicos. Su razón de ser es el control constante, así como la administración tiene la obligación de rendir cuentas.
Sin embargo, lo que se observa en La Unión es un intento por vaciar de contenido esta figura. Si el Concejo Municipal, mayoritariamente afín al alcalde, decide no nombrar en propiedad a la auditora interina —precisamente por hacer su trabajo—, estaría enviando un mensaje devastador: aquí, quien fiscaliza, molesta. Y quien molesta, no permanece.
La ciudadanía merece más que eso. Merece saber que sus impuestos se gestionan con transparencia, que las contrataciones se hacen con rigor y que existe un control efectivo sobre quien administra lo público. La auditoría no es un enemigo de la gestión; es su mejor aliado cuando la gestión es honesta.
Instamos, por tanto, a las autoridades municipales —Alcaldía y Concejo— a reflexionar sobre el deber ser de la función pública. La auditoría no debe ser un botín político. Su designación debe basarse en la idoneidad, la independencia y el compromiso con el control, no en la conveniencia del poder de turno.
Que la advertencia 012-2025 no sea solo un documento archivado. Que sea el recordatorio de que, sin control interno, no hay confianza pública. Y sin confianza, no hay democracia que valga.