Hacia la construcción real de Ciudades Amigables con las Personas Adultas Mayores: Basta de discursos estacionales y remiendos
La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor 7935 y la 7600, se erigieron en su momento como normas visionarias. Sus artículos, establecen con claridad meridiana un mandato que, casi tres décadas después, sigue siendo una deuda pendiente:
Las municipalidades, en coordinación con las instituciones del Estado, deberán procurar la creación de condiciones urbanísticas y arquitectónicas en los espacios públicos y privados de uso público, para facilitar el acceso, la movilidad, la comunicación, la recreación y el descanso de las personas adultas mayores.
El concepto de «ciudad amigable» no es una mera aspiración estética. Es una condición fundamental para garantizar el derecho a una vida digna, autónoma y participativa. Sin embargo, la brecha entre el mandato legal y la realidad es abismal. Nuestras ciudades son, en gran medida, entornos hostiles. Pero el problema es aún más profundo: es una cuestión de prioridad política genuina y de coherencia, que choca frontalmente con una práctica nociva y extendida: acordarse de las personas mayores solo en octubre o cuando se necesita su voto.
La amigabilidad no es un evento estacional, es una Política de Estado permanente
Una ciudad verdaderamente amigable es un ecosistema urbano integral que se diseña y gestiona contemplando las necesidades del proceso de envejecimiento. Esto implica un compromiso transversal en ocho dominios clave propuestos por la OMS: que deben ser leídos a la luz de nuestra realidad:
- Espacios al aire libre y edificios: La ley es específica. No se cumple con una rampa aislada instalada para la foto en el «Mes del Adulto Mayor». Se cumple con un plan quinquenal de mantenimiento y adecuación de aceras, garantizando que sean anchas, lisas y con cruces peatonales seguros en toda la ciudad, no solo en el centro ante una posible visita oficial.
- Transporte: La ley ordena «facilitar el acceso». Esto no se logra con un discurso emotivo en un acto protocolario. Se logra con una licitación pública que exija, como requisito irrenunciable, que toda la flota de autobuses nuevos sea de piso bajo, y con la capacitación continua del personal conductor.
- Vivienda, participación social, respeto, etc.: La amigabilidad debe reflejarse en cada acto y en cada obra. En la aprobación de todo plan regulador que priorice la peatonalización y los espacios verdes accesibles. En la partida presupuestaria anual y permanente para centros diurnos de calidad. En la comunicación clara y accesible de todas las instituciones, todo el año, no solo en octubre.
La crítica central: El maquillaje de la inacción y la instrumentalización política
El problema de fondo es la falta de voluntad política sostenida. La amigabilidad se trata como un tema de «relaciones públicas» o de «asistencialismo», no como un eje transversal de derechos humanos y desarrollo urbano.
- Política de remiendos y fotografías: Se prefiere el «remiendo» visible y publicitable (pintar un banco, instalar una rampa en un edificio emblemático o regalar refrigerios) sobre la inversión seria y a largo plazo en infraestructura universalmente accesible. Son acciones que sirven para llenar un informe de gestión, pero no transforman la vida diaria de las personas.
- Instrumentalización electoral: Es una triste constante que la atención y las promesas hacia este grupo poblacional se intensifiquen en épocas electorales. Las personas adultas mayores son percibidas como un «bloque de votos» a capturar, no como sujetos de derecho con demandas legítimas y urgentes que deben atenderse los 365 días del año. Esta práctica vacía de contenido cualquier discurso y genera una comprensible desconfianza.
- Ausencia de fiscalización sostenida: Las leyes carecen de mecanismos de fiscalización sólidos. No existe una instancia técnica con poder real para auditar y sancionar a las municipalidades que, año tras año, ignoran a esta población en sus presupuestos y planes de obra.
De la retórica a la acción coherente y permanente
Basta de recordatorios estacionales. Basta de discursos que se maquillan con remiendos. Las personas adultas mayores no somos una temática de octubre, somos ciudadanos todos los días del año.
Construir ciudades amigables exige un cambio radical de enfoque:
- De lo eventual a lo permanente: Las políticas deben reflejarse en partidas presupuestarias específicas y permanentes, en indicadores de gestión y en la evaluación constante de los avances, con rendición de cuentas clara.
- De lo aislado a lo transversal: La perspectiva de envejecimiento y accesibilidad debe ser un criterio obligatorio en toda obra pública, plan urbano y servicio municipal.
- De la asistencia al derecho: Hay que pasar de una visión asistencialista a una de garantía de derechos. Esto implica aplicar la ley con rigor, empoderar a las personas mayores para que exijan sus derechos y sancionar a quienes los vulneran.
La Costa Rica que envejece merece más que festejos efímeros y promesas electorales. Merece una ciudad que sea su hogar digno y accesible todos los días del año. La ley existe. La demografía clama acción. Lo que falta es la voluntad política genuina para dejar de lado los remiendos y construir, de una vez por todas, una sociedad para todas las edades.
¿Somos realmente ciudades amigables con los adultos mayores?