Ministerio de Seguridad Pública y Poder Judicial solicitaron la extensión al TSE; documento digital mantiene plena validez legal.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) otorgó una prórroga hasta el 1.° de enero del 2027 para que todas las instituciones públicas y empresas privadas del país ajusten sus sistemas y procedimientos internos y así estén en capacidad de aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) como documento válido para trámites y servicios.
La decisión, formalizada mediante la resolución N.° 1120-E7-2026, responde a una solicitud conjunta del Ministerio de Seguridad Pública y del Poder Judicial, quienes pidieron más tiempo para adaptar sus plataformas y garantizar una transición ordenada.
De acuerdo con el TSE, el nuevo cronograma establece que, a partir del 1 de enero de 2027, tanto el sector público como el privado deberán recibir sin restricciones la cédula digital de cualquier ciudadano que la presente para realizar gestiones. Hasta esa fecha, las entidades podrán seguir operando con los mecanismos tradicionales, aunque se les insta a acelerar la implementación tecnológica necesaria.
Validez legal sin cambios
Las autoridades recordaron que la IDC posee la misma validez jurídica que la cédula de identidad física, por lo que la ampliación del plazo no modifica en absoluto su respaldo legal. Quienes ya han obtenido su identidad digital pueden seguir usándola, pero se les recomienda consultar con anticipación a cada entidad si el documento es aceptado en el momento de su gestión, a fin de evitar contratiempos mientras culmina el periodo de adecuación.
La Identidad Digital Costarricense es parte del proceso de modernización del Estado y busca agilizar los trámites, reducir el uso de papel y facilitar la verificación de identidad en entornos presenciales y virtuales.