- Estudio revela que recursos no llegan a quienes más los necesitan, hay falta de controles, duplicidad de préstamos y alta morosidad que pone en peligro la sostenibilidad de los fondos.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un análisis sobre la gestión crediticia de 17 entidades públicas que otorgan financiamiento a ciudadanos y MIPYMES, en el cual se identificaron serias deficiencias que afectan la equidad, la transparencia y la sostenibilidad del sistema.
Entre las instituciones evaluadas se encuentran la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Fondo de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme) y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), entre otras.
El informe de la CGR señala que la fragmentación del sistema y la ausencia de una regulación y supervisión financiera efectiva han generado al menos cuatro problemas críticos:
- Falta de focalización: Los recursos no se dirigen prioritariamente a los sectores más necesitados. El 10% de los beneficiarios con mayores ingresos concentra el 19,6% del monto total de los créditos, lo que refleja una profunda desigualdad.
- Ausencia de controles: El 31,1% de los beneficiarios de créditos productivos no están inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y el 28,8% no figura en el Ministerio de Hacienda. Esta informalidad dificulta la trazabilidad y aumenta el riesgo de legitimación de capitales.
- Duplicidad y concentración de créditos: La falta de un sistema de información crediticia integrado ha permitido que solo 10 beneficiarios acumulen 684 operaciones por un monto de 6.434 millones de colones. Esto evidencia que el sistema tiende a recircular fondos entre pocos actores, limitando su impacto social.
- Insostenibilidad financiera: La morosidad promedio del sistema es del 5,53%, casi el doble del estándar bancario (3%). En casos extremos, como el de Judesur, la morosidad alcanza el 56,9%. Este alto nivel de riesgo, agravado por condonaciones de deuda, amenaza la continuidad de los fondos para futuros proyectos sociales y productivos.
La CGR alerta que estas situaciones comprometen la sostenibilidad de los fondos públicos y limitan el acceso ciudadano al crédito, afectando el impacto social e inclusividad que debería promover el sistema.
El informe completo está disponible en el siguiente enlace:
DFOE-CAP-OS-00001-2025
La CGR urge a la implementación de un sistema integrado de información y a una supervisión financiera robusta para garantizar que los recursos públicos cumplan con su propósito de desarrollo social y económico.