En Costa Rica, un país que promueve la descarbonización y la salud pública, el robo de bicicletas se ha erigido como una amenaza persistente que desincentiva el transporte activo, afecta la economía de miles de ciudadanos y socava los esfuerzos ambientales. Un análisis exhaustivo de la Fundación Metro y Medio, basado en datos oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), revela la magnitud, el patrón territorial y el impacto profundo de este delito entre 2020 y 2025.
Las cifras de un problema nacional
Según el OIJ, entre enero de 2020 y diciembre de 2025 se registró el robo de 28,055 bicicletas a nivel nacional. Esto equivale a un promedio de 12.8 robos por día o 4,676 al año. El año 2020 fue el más crítico, con 5,557 casos. Aunque se observa una reducción sostenida desde 2023, cerrando 2025 con 3,088 robos (una caída del 44% respecto al pico), la cifra sigue siendo alarmante.
Mapa del robo: concentración urbana y turística
Más del 80% de los robos se concentran en cinco provincias, lideradas por San José (6,161) y Alajuela (5,507), seguidas de Puntarenas, Limón y Guanacaste. El patrón no responde solo a la densidad poblacional, sino a la combinación de movilidad activa y oportunidad delictiva.
Los cantones más afectados son:
- Alajuela (1,986 robos)
- San José (1,947)
- Puntarenas (1,529)
- Liberia (1,515) – destaca por la presión turística y el alquiler de bicicletas.
- Pococí (1,218)
Las causas estructurales
El estudio identifica cuatro factores clave que alimentan este delito:
- Falta de infraestructura segura: Carencia de cicloparqueos vigilados y anclajes adecuados.
- Mercado informal activo: Reventa sin trazabilidad en plataformas digitales y comercio informal.
- Bajo riesgo percibido: Es visto como un delito «menor» con escasa probabilidad de recuperación o sanción.
- Factores socioeconómicos: Correlación con cantones con mayor informalidad laboral y desempleo juvenil.
Impacto más allá de la pérdida material
Cada bicicleta robada representa un retroceso en múltiples frentes:
- Desincentiva el uso de transporte limpio, aumentando la dependencia del automóvil.
- Afecta económicamente a trabajadores que dependen de ella como herramienta laboral.
- Eleva costos en salud pública al reducir la actividad física poblacional.
- Debilita las políticas públicas de movilidad sostenible y descarbonización.
Un llamado a la acción corresponsable
La Fundación Metro y Medio plantea soluciones desde diversos frentes:
- Estado y gobiernos locales: Crear un registro nacional de bicicletas, implementar cicloparqueos seguros obligatorios en comercios e integrar este delito en los planes cantonales de seguridad.
- Empresas y comercios: Ofrecer parqueos con anclajes certificados y promover seguros colectivos para ciclistas.
- Ciudadanía: Utilizar candados de doble anclaje certificados, registrar fotográficamente la bicicleta (número de serie) y denunciar siempre el robo.
Conclusión: Seguridad es también movilidad
“Costa Rica no puede aspirar a una movilidad sostenible real si no protege a quienes eligen medios limpios y activos”, señala el informe. El robo de bicicletas es un indicador de una falla urbana y de seguridad que requiere una respuesta integral con datos, política pública y corresponsabilidad social.
Proteger la bicicleta, concluyen, es proteger la ciudad, la salud y el futuro.
*Fuente: Organismo de Investigación Judicial (OIJ) – Unidad de Análisis Criminal. Solicitud 131-OPO/UAC/S-2026, enero 2026. Análisis y contexto por Fundación Metro y Medio.*