Sesión del Concejo Municipal de La Unión se centra en denuncias sobre cantera que opera a pesar de sentencia judicial y pese a informes municipales que reportan “cerrada”
La polémica por el funcionamiento del Tajo San Rafael —una cantera ubicada en el distrito de San Rafael, La Unión— volvió a ocupar el centro del debate en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del pasado 22 de enero de 2026.
Durante casi una hora, regidores, síndicos cuestionaron la aparente inacción de la administración municipal para detener las operaciones de esta cantera, a pesar de que una sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anuló la patente de operación y ordenó la paralización de las actividades.
Una moción con cinco exigencias claras
La discusión surgió a raíz de una moción presentada por los regidores Germán Rojas, Jenny Chávez, Ginét Varela y el síndico Edwin Zúñiga, quienes solicitaron al pleno cinco acciones concretas a la alcaldía:
- Respuestas oficiales: Exigieron que el coordinador de Patentes responda formalmente a una solicitud de información hecha desde diciembre de 2025 por la Mesa de Trabajo creada para el caso.
- Información financiera: Solicitan un informe detallado de los montos recaudados —o dejados de recaudar— por concepto del impuesto minero (establecido en un 30% de las ventas o 40 colones por metro cúbico extraído) desde enero de 2019 a diciembre de 2025.
- Operativos de control: Pidieron la coordinación con la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para realizar operativos que detengan el «ilícito transporte» de material desde el tajo, actividad que, según denuncian, sigue ocurriendo.
- Capacitación: Recomendaron capacitar a los inspectores de patentes para que sus informes sean «coherentes, ordenados y objetivos», luego de tachar de deficiente un informe municipal reciente.
- Inclusión y transparencia: Exhortaron a que la alcaldía incluya al regidor coordinador de la Mesa de Trabajo en cualquier reunión o decisión futura relacionada con el tajo.
Comunidad vs. Informes oficiales: dos realidades distintas
El punto más álgido fue la discrepancia entre los informes oficiales y los testimonios vecinales. La regidora Ginet Varela leyó un informe municipal del 19 de diciembre de 2025, donde inspectores afirmaron que en múltiples visitas al sitio encontraron «el portón siempre cerrado» y «no se logró visualizar algún camión ingresando o saliendo».
«Eso es todo el informe. Lo extraño es que todos sabemos que si hay movimiento», replicó Varela, respaldada por otros ediles. Argumentaron que vecinos de Yerbabuena y San Rafael documentan «semana a semana, con fotografías y videos», el tránsito de vagonetas y maquinaria en el lugar, contradiciendo la versión oficial.
Alcalde defiende gestión, pero hay malestar
El alcalde, Cristian Torres, defendió la labor de su administración. Leyó oficios sobre convocatorias a inspecciones trimestrales interinstitucionales (con Geología y Minas, SETENA, Ministerio de Salud) programadas para 2026 y afirmó que desde el Centro de Protección Ciudadana se monitorea la entrada y salida de camiones. «No podemos malinformar a la comunidad de lo que no se está haciendo», afirmó, rechazando las acusaciones de inactividad.
Sin embargo, varios concejales expresaron frustración. La regidora Catalina Pérez resumió el sentir de muchos: «Solicitar a la administración que retire la patente [de la empresa Carcruz S.A. que opera actualmente]… informar a la comunidad… y una vez retirada, informar a SETENA y MINAE para que quiten la concesión. Eso es todo lo que hay que hacer».
Votación y resolución final
Tras un extenso debate, el pleno aprobó —con seis votos a favor— la dispensa de trámite de comisión para la moción y posteriormente su fondo, también con seis votos. Esto significa que la alcaldía municipal de La Unión deberá atender formalmente las cinco solicitudes planteadas, bajo la presión de un acuerdo del órgano deliberativo y la vigilancia de una comunidad que asegura seguir sufriendo los impactos de una actividad que la justicia ya prohibió. Votaron negativamente los regidores Leda Hernández, Rosemary Vargas y Jorge Calvo.
La sesión dejó en evidencia una profunda fractura entre la percepción ciudadana, que reporta una operación continua e ilegal, y los informes de la administración local, que pintan un escenario de inactividad. La resolución de este conflicto pendiente queda ahora sujeta al cumplimiento del acuerdo municipal recién aprobado. (Fotos archivo)