La Contraloría General de la República (CGR) informó mediante el oficio DFOE-LOC-1934 sobre la aprobación parcial del presupuesto inicial 2025 de la Municipalidad de La Unión, por un monto total de ₡15.495,54 millones.
En sesión extraordinaria número 32 celebrada el 20 de septiembre de 2024, el Concejo Municipal aprobó el presupuesto con un monto de ₡15.513,45 millones, mediante acuerdo número 679 y con una votación de 8-1.
Observaciones y rechazos de la Contraloría
La CGR improbó ingresos y gastos por un total de ₡108,14 millones, citando inconsistencias en las justificaciones presentadas.
Ingresos improbados: ₡17,91 millones relacionados con transferencias de capital provenientes del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y recursos presupuestados bajo la Ley de Tránsito.
Gastos improbados: ₡90,23 millones asociados a partidas como actividades protocolarias, servicios informáticos, y la creación y modificación de plazas administrativas. Según la CGR, estas partidas «carecen de soporte técnico suficiente» y no cumplen con principios legales ni financieros.
Declaraciones de Vivian Garbanzo, Gerente Fiscalización para el Desarrollo Local
Plazas temporales bajo servicios especiales
La municipalidad propuso 17 plazas temporales reguladas por el artículo 46 de la Ley Marco de Empleo Público (Ley n.º 10159), el cual establece que este tipo de plazas debe atender «procesos productivos específicos, emergencias o situaciones excepcionales». Sin embargo, la Contraloría identificó varios problemas en esta solicitud:
Labores no temporales: Las funciones asignadas a estas plazas «son actividades que debe llevar a cabo la administración de manera ordinaria» y no cumplen con la temporalidad requerida.
Falta de justificación: La municipalidad no presentó documentación suficiente que demuestre que estas plazas «cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 46 de la Ley Marco de Empleo Público, n.º 10159».
Excepciones aprobadas: Se autorizaron únicamente las plazas de “Asesor Legal del Concejo Municipal” y “Asesor del Alcalde”, al demostrarse que cumplen con los requisitos exigidos por la normativa.
Plazas fijas: creación, reasignación y reclasificación
El presupuesto incluía la creación de seis nuevas plazas fijas, la reasignación de dos plazas existentes y la reclasificación de 15. Estas propuestas fueron improbadas debido a varias inconsistencias:
Incoherencia en las proyecciones financieras:«La proyección de los ingresos ordinarios y permanentes que financian las plazas no es congruente con la información plurianual del 2025, ni con los ingresos presupuestados para ese año».Cuatro de las plazas nuevas no contaban con una «fuente de financiamiento definida».
Cálculos incompletos:«La variación del porcentaje de gastos administrativos por el incremento del gasto por concepto de plazas se calculó sin considerar los gastos de la Auditoría Interna».Los cuadros financieros presentados «no son congruentes con la información plurianual, ni con la clasificación económica registrada en el SIPP».
Documentación incompleta:La Contraloría destacó que «la viabilidad no se encuentra firmada por el Alcalde», lo que afecta la validez del análisis técnico presentado.
Principios presupuestarios señalados
La improbación de las plazas se fundamenta en los siguientes principios presupuestarios que, según la CGR, no se cumplieron:
Legalidad: Las propuestas «incumplen el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, n.º 6227».
Sostenibilidad financiera: Las justificaciones aportadas «no son suficientes y carecen de claridad, ya que no permiten determinar razonablemente la viabilidad de la aplicación».
Universalidad e integridad: La CGR subrayó que las proyecciones deben garantizar que «los ingresos y gastos sean probables», para asegurar un equilibrio financiero adecuado.
El alcalde Cristian Torres Garita, en sesión ordinaria del 19 de diciembre, explicó que: “Estamos di prácticamente contentos con la improbación parcial porque, di lógicamente, cuesta a veces muchísimo que se den totalmente las aprobaciones de los presupuestos.»
Por su parte, la presidenta de la comisión de Hacienda, Ana Bolaños, señaló a Crónicas de La Unión que: “Voy a proponer que se nos envíe un informe, un criterio del por qué no fueron aprobadas las plazas, qué fue lo que no se aprobó, verdad. Lo de las recalificaciones, ya que en otras municipalidades donde tengo compañeros de fracción sí fueron aprobadas plazas, sobre todo en Policía Municipal, jefes de Policía Municipal, bajo esta ley. En Cartago y Alajuela se aprobaron, como en otras. Las reclasificaciones de las plazas de la secretaria también, entonces lo que queremos ver es por qué en unas sí y en otras no. Queremos entender qué pasó.”
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