- Memorando MLU-AI-119-2026 señala falta de justificación razonable y posible vulneración del principio de legalidad en el gasto público.
Una alerta interna sacude a la Municipalidad tras la emisión del memorando MLU-AI-119-2026 (adjunto), en el que la Auditoría Interna solicita al alcalde, Máster Cristian Torres Garita, una aclaración detallada sobre el incremento de dos partidas presupuestarias que suman ₡7 millones (siete millones de colones), destinadas a la compra de ropa formal y a actividades protocolarias para conferencias de prensa.
Según el oficio, suscrito por la auditora interna interina, Máster Zeidy Baltodano Guevara, las justificaciones presentadas por el Coordinador de Comunicación Institucional resultan insuficientes y no cumplen con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen el uso de los recursos públicos.
Gasto en vestuario: ¿necesidad pública o beneficio personal?
El memorando detalla que se pretenden destinar ₡3 millones a la partida de Textiles y Vestuario, argumentándose la compra de “ropa formal”. No obstante, la Auditoría advierte que ni la Constitución Política (artículo 11) ni la Ley General de la Administración Pública ni el Código Municipal autorizan expresamente el uso de fondos públicos para vestimenta personal de jerarcas o funcionarios por razones de imagen o protocolo.
“La vestimenta personal se considera una necesidad privada, siendo responsabilidad del funcionario presentarse adecuadamente a sus labores”, enfatiza el documento.
Además, la Contraloría General de la República ha reiterado en múltiples pronunciamientos la prohibición de financiar gastos personales como ropa o alimentación, salvo excepciones muy concretas vinculadas al uso de uniformes por necesidad del servicio (seguridad, mantenimiento, transporte, etc.), situación que no se acredita en este caso.
Actividades protocolarias: ₡4 millones sin sustento claro
La segunda partida cuestionada asciende a ₡4 millones para Actividades Protocolarias y Sociales, supuestamente orientados a conferencias de prensa organizadas por la Municipalidad. La Auditoría señala que tampoco se evidencia una norma expresa que faculte dicha erogación bajo los principios de legalidad y austeridad.
“Los recursos deben perseguir fines vinculados a las competencias institucionales. La propuesta actual podría vulnerar el Principio de Gestión Financiera, el cual obliga a que los fondos públicos se orienten estrictamente al interés general y no al beneficio particular de funcionarios”, subraya el memorando.
Plazo y advertencia
La Auditoría Interna solicita formalmente al alcalde aclarar cuál es el fin público específico que justifica ambos incrementos y señalar la norma expresa que los autoriza. El oficio fue remitido con copia al expediente de auditoría y al Concejo Municipal.
Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad no había emitido una respuesta pública. El caso podría sentar un precedente sobre los límites del gasto protocolario y de imagen en la administración local.
*Con información del memorando MLU-AI-119-2026 adjunto*