- Rechazo contundente a 12 plazas permanentes y al exceso salarial del alcalde por falta de sostenibilidad financiera. Municipio deberá reasignar recursos o congelar contrataciones.
El órgano contralor aprobó parcialmente el presupuesto por ₡15.717,97 millones, pero impugnó rubros clave por incumplir principios legales y de sostenibilidad financiera, obligando a la Municipalidad a realizar ajustes inmediatos.* (Documento adjunto)
En una decisión que refleja un riguroso escrutinio sobre la gestión de los recursos públicos, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen de aprobación parcial del Presupuesto Inicial 2026 de la Municipalidad de La Unión, Cartago. Aunque autorizó un monto global de ₡15.717,97 millones, el oficio DFOE-LOC-2320, fechado el 18 de diciembre de 2025, detalla una serie de improbaciones (rechazos) específicos que la administración municipal debe corregir antes de la ejecución plena.
La CGR fundamenta su decisión en un estricto análisis de legalidad, integridad presupuestaria y, de manera destacada, en el principio de sostenibilidad financiera. Los reparos no son meramente formales; apuntan a desvíos de fondos con destinos específicos por ley, excesos salariales y, de manera crucial, a la creación de plazas permanentes sin una demostración sólida de que el municipio puede asumir ese compromiso a largo plazo sin comprometer su estabilidad.
«Ajuste o congele»: La orden de la CGR a La Unión por mal uso de fondos específicos
- Uso indebido de ingresos parafiscales: Se impugnaron ₡1,0 millón provenientes del «Timbre Pro-parques Nacionales», destinado incorrectamente a «Servicios» de administración general. La ley (7788) exige que estos recursos se inviertan exclusivamente en estrategias locales de desarrollo sostenible.
- Desvío de fondos de capital a gasto corriente: Se rechazó la aplicación de ₡25,52 millones de la transferencia por el impuesto al cemento (Ley 9829) para pagar remuneraciones. Estos ingresos, por ley, deben destinarse únicamente a infraestructura (deportiva, vial, pluvial, ambiental, etc.).
- Exceso en la remuneración del Alcalde: La partida para el salario del Alcalde excede el tope máximo establecido por la Ley de Salarios de la Administración Pública (2166) y la Ley Marco de Empleo Público (10159). La CGR exige ajustarlo al límite legal.
- Falta de sostenibilidad para nuevas plazas: El rechazo más significativo en montos y concepto es el correspondiente a la creación de 12 plazas fijas (entre ellas, Analista de Proyectos, Gestor de Negocios, Oficiales de Monitoreo, Veterinario, Trabajador Social). La CGR determinó que la Municipalidad no demostró razonablemente la viabilidad financiera para asumir estas obligaciones salariales permanentes. El análisis presentado carecía de proyecciones de ingresos y gastos a tres años, un estudio de la estructura del gasto y una evaluación del impacto en el gasto administrativo, tal como exige el Código Municipal.
- Inconsistencia en transferencias: Se impugnó ₡4,44 millones en transferencias del IFAM (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal) por un desfase entre lo presupuestado por el municipio y lo asignado por el instituto, violando el principio de universalidad e integridad del presupuesto.
La Contraloría fue contundente al señalar que asumir obligaciones permanentes sin un análisis técnico riguroso «constituye un riesgo para la sostenibilidad financiera de la Municipalidad». Los montos impugnados de estos gastos deberán trasladarse a una cuenta de «Sumas sin asignación presupuestaria«, congelándolos hasta que se subsanen los reparos.
Exigencias y Plazos Apremiantes
La CGR otorgó un plazo de cinco días hábiles a la Municipalidad para que, a través del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), identifique las cuentas específicas de gastos afectadas por las improbaciones y realice los ajustes correspondientes en el presupuesto y en el plan anual operativo.
Este dictamen deja en claro que la aprobación presupuestaria no es un mero trámite, sino un acto de control que prioriza la responsabilidad fiscal a largo plazo. La Municipalidad de La Unión se enfrenta ahora al desafío de reorganizar sus prioridades de gasto, ajustarse estrictamente a los fines legales de los recursos y, sobre todo, demostrar con números concretos que cualquier expansión de su planilla es financieramente sostenible para no hipotecar su futuro o el de los servicios que debe proveer a la ciudadanía.
Gráfico Explicativo: Resumen de las Improbaciones al Presupuesto 2026 de La Unión
Análisis Gráfico: La improbación más cuantiosa (₡25.52 millones) corresponde al desvío de fondos de capital (impuesto al cemento) a gastos corrientes, un claro incumplimiento legal. Le sigue una inconsistencia en transferencias (₡4.44 millones) y un mal uso de fondos ambientales (₡1.0 millón). Las improbaciones a plazas y salario, aunque de monto no especificado en el gráfico, son cualitativamente las más graves por su impacto en la estructura de gasto permanente y el cumplimiento de topes legales.
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