- «Es solo ejecutar, hay fallos de la Sala IV que nos obligan a desalojar sí o sí,” declaró Lidia Garita.
- «Tengo la impresión de que la administración no tiene iniciativa,” comentó Antonio Ortega del Frente Amplio.
- «Al no tener gente ahí haciendo inspección, la situación queda a la libre,” agregó Federico Echavarría.
- «Movilizó la policía y salió una foto donde se estaban demoliendo viviendas ilegales en La Carpintera, un asunto que llamo una pantomima,” sostuvo Luis Araya.
El pasado 26 de agosto, en la Comisión de la Provincia de Cartago, comparecieron ante los diputados miembros de los movimientos ecológicos del cantón de La Unión.
«Los que hemos tenido la oportunidad de ver aquella impresionante imagen de los Cerros de La Carpintera consideramos que es un patrimonio. Todo lo que encierra su fauna y flora e incluso su efecto panorámico es invaluable,” manifestó Federico Echavarría, de la coalición entre los movimientos Tíribi Limpio, Unidos por La Carpintera y el Movimiento Cívico del cantón de La Unión.
Entre las denuncias sobre las situaciones que han ocurrido este año se encuentran las quemas provocadas, apertura de trochas, tala de árboles y construcciones sin permisos municipales.
La coalición solicitó a los diputados ayuda para agilizar los trámites con las instituciones que no han manejado adecuadamente la protección de los Cerros de La Carpintera. También pidieron que se aumente el grado de protección de la zona y que se delimite adecuadamente.
Lidia Garita, exalcaldesa de La Unión, señaló: “El 7 de abril de 2016, tuve la oportunidad de hacer todo el proceso para el desalojo solicitado por el Tribunal Contencioso Administrativo. En esa ocasión llegué con 140 policías, bomberos, Cruz Roja, el PANI, el IMAS, y todo lo que se requiere para un desalojo.”
Explicó además que: “Lamentablemente, el alcalde electo después de mi gestión, a través de una mentira que presentó al Contencioso, detuvo el desalojo y no se pudo realizar. En esa ocasión se iba a hacer en los sectores conocidos como La Alhambra y Unidos por el Progreso, en Calle Girales, San Diego, donde había 60 habitaciones.”
El diputado del Frente Amplio Antonio Ortega, quien participó en la gira realizada hace unos meses a la zona, comentó: “Tengo la impresión de que la municipalidad o la administración no tiene iniciativa; han sido los grupos organizados y esta diputación los que han tenido que mover un poco la rama.”
Tras cuestionamientos sobre las acciones realizadas después de la gira, los representantes de la coalición explicaron que no han recibido mayor convocatoria por parte del municipio. Aclararon que el Concejo Municipal pidió a la administración que promoviera espacios de diálogo, pero el encargado municipal declinó asistir a la primera reunión dos días antes de la misma.
Sobre la existencia de intereses políticos o económicos, Luis Araya indicó: “Se había hecho todo para desalojar 60 viviendas que estaban en peligro. El alcalde de entonces lo detuvo y el alcalde actual integró una comisión de 15 funcionarios municipales que se reúnen todas las semanas durante 4 años sin resultados.”
«El alcalde actual dice y afirma que ya cumplieron, lo cual es completamente falso,” añadió Araya, quien también expresó que: “Precisamente en la campaña electoral, el alcalde dijo que ya estaban demoliendo las viviendas, pero lo que hizo fue demoler dos pequeñas bodegas desocupadas desde hace un año.”
También afirmó: “Ahí sí apareció la policía; movilizó la policía y salió una foto donde se estaban demoliendo viviendas ilegales en La Carpintera, un asunto que llamo una pantomima.”
«En realidad no se hizo nada; solo se montó una pantalla para mostrar que estaban actuando. Ellos actualmente dicen que cumplieron con la Sala, pero la Sala no sabe que no se hizo nada.”
Paola Nájera, diputada del cantón, quien en primera instancia consultó si estaba siendo grabada por Lidia Garita, argumentó que desde el Gobierno de Luis Guillermo Solís se debía atender este asunto y señaló: “Yo me comprometo además a hacer un llamado al Concejo Municipalidad para ponerme a su disposición y ver de qué manera se puede agilizar la conformación de las mesas de dialogo.”
Ante esta afirmación, Garita comentó: “En 2016, cuando estábamos a las 4 de la mañana con toda la policía, también estuvieron todas las instituciones, como el PANI, Migración, OIJ e IMAS, para hacer los cheques de alquiler. Todo se hizo de acuerdo a los procedimientos legales; por eso la Sala IV ordenó el desalojo de esas 60 viviendas.”
En su última intervención, Federico Echavarría calificó la situación como una falta de liderazgo y voluntad de la Municipalidad de La Unión, y se mostró dispuesto a conformar las mesas de trabajo. Anunció que a finales de septiembre se llevará a cabo una reunión de seguimiento con las instituciones.
Por su parte, los diputados de la Provincia de Cartago, mediante una moción, solicitaron información al alcalde Cristian Torres sobre los avances realizados después de la gira a la zona y las acciones realizadas después de la sesión extraordinaria del 25 de junio de 2024 del Concejo Municipal de La Unión.
Crónicas de La Unión ha enviado una serie de consultas a Ronny Delgado encargado de comunicación de la Municipalidad de La Unión en relación con los recientes temas discutidos en la Comisión de la Provincia de Cartago. Estamos a la espera de una respuesta oportuna a nuestras interrogantes para poder ofrecer a nuestros lectores una cobertura completa y precisa sobre la situación.
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Esto es de años. Cerca del Cementerio escuche una converacion donde un hombre ofreció lotes en 100 mil y con luz y agua 130000. De esto informe en la Muni y me dineron que no se podia hacer nada… Por cierto: cómo es que tienen agua y luz?