En el marco de una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de La Unión del martes 14 de julio, el representante de la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras, Alberto Cabezas Villalobos, presentó los resultados de una investigación sobre el cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad en Costa Rica.
Cabezas expuso que, si bien el país cuenta con un marco jurídico avanzado —que incluye la Constitución Política, la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley 8622 de Inclusión y Protección Laboral, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad—, la implementación efectiva presenta serias debilidades.
Entre los principales hallazgos señalados destacan la ausencia de datos consolidados sobre la contratación de personas con discapacidad en el sector público, la insuficiente accesibilidad en los procesos de empleo, una fiscalización limitada y la fragmentación institucional que dificulta la coordinación entre entes públicos.
El expositor indicó que no existe un sistema nacional integrado que permita conocer con precisión cuántas personas con discapacidad trabajan en el Estado, cuántas han sido contratadas, cuántas participan en concursos o cuántas reciben ajustes razonables. Esta situación, afirmó, imposibilita medir el cumplimiento real de la reserva legal del 5% de plazas vacantes establecida en la Ley 8622.
Como parte de su intervención, se presentó una moción con 19 puntos dirigidos tanto al ámbito municipal como a instituciones del Estado. A nivel local, se propone la elaboración de un reglamento municipal sobre inclusión laboral, la verificación anual del cumplimiento de la reserva legal, la implementación de ajustes razonables como política permanente y la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación.
A escala nacional, la iniciativa solicita al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) liderar la creación de un sistema nacional de información sobre empleo público y discapacidad; a la Dirección General de Servicio Civil publicar estadísticas anuales; y al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) fortalecer los mecanismos de fiscalización. También se insta a la Contraloría General de la República a incorporar auditorías sobre inclusión laboral, a la Defensoría de los Habitantes a investigar barreras de acceso, y al Poder Ejecutivo a desarrollar una plataforma digital nacional unificada y accesible para la oferta de empleo público y privado.
Durante el debate, varios concejales manifestaron su respaldo a la iniciativa y coincidieron en la necesidad de avanzar del discurso a la práctica. Algunos señalaron que, pese a los esfuerzos realizados por la municipalidad en materia de inclusión —como capacitaciones, festivales inclusivos y atención a cuidadores—, persisten deficiencias en infraestructura, educación ciudadana y aplicación de la ley.
La dispensa de trámite de comisión de la moción fue votada afirmativamente por los regidores Tomás Malavassi, Catalina Pérez, Josué Sánchez, German Rojas y Gineth Varela. Negativamente votaron Gabriela Vega, Ana Bolaños, Leda Hernández y Rosemary Vargas.
El Concejo decidió trasladarla a Comisión para su análisis. La presidente del Concejo y otras autoridades municipales se comprometieron a convocar a los expositores a una mesa de trabajo conjunta con el Departamento de Desarrollo Socioeconómico, con el fin de revisar la redacción y fortalecer la propuesta.
Cabezas agradeció el espacio y enfatizó que «la verdadera inclusión no se mide por los discursos ni por las buenas intenciones, sino por las oportunidades reales que tienen las personas para acceder a un empleo digno, permanecer en él, desarrollarse profesionalmente y ejercer plenamente sus derechos».
El acuerdo final, una vez analizado en comisión, podría convertirse en un referente nacional en materia de inclusión laboral cumplimiento de la legislación existente para personas con discapacidad en el ámbito municipal.