Geología y Minas da 10 días a Hacienda San Rafael para presentar patente municipal o enfrentar sanciones

  • Resolución exige a la empresa cumplir con requisito legal para operar cantera, tras anulación de licencia comercial por orden judicial.

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través de la Dirección de Geología y Minas, emitió una resolución que concede un plazo de 10 días hábiles a la empresa Hacienda San Rafael H.S.R. Sociedad Anónima para que presente su patente municipal o explique su situación actual, so pena de aplicar sanciones previstas en el Código de Minería.

La medida, contenida en la Resolución N° 0596-2025, se enmarca en el seguimiento a la concesión de explotación de cantera otorgada en 2015 a la empresa, la cual actualmente carece de la patente comercial obligatoria para operar.

La resolución recuerda que, según la Ley 8824 del Cantón de La Unión, toda persona física o jurídica que realice actividades lucrativas en el cantón debe contar con la licencia municipal correspondiente. La extracción y comercialización de minerales está explícitamente incluida entre estas actividades.

Antecedentes judiciales

La exigencia ocurre tras la anulación de la Licencia Municipal No. 04-0717 de la empresa, ordenada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia Res. 001235-F-S1-2025. La Municipalidad de La Unión ya notificó a la empresa que, hasta que no se regularice, no puede comercializar ni mover material fuera de la concesión.

Plazo y advertencia

Geología y Minas advierte que, de no cumplirse el requerimiento en el plazo establecido, se procederá conforme al artículo 67 del Código de Minería, que prevé sanciones que pueden incluir la suspensión o cancelación de la concesión.

La resolución fue firmada por el Lic. Johnny Alvarado González, Jefe a.i. del Registro Nacional Minero, y notificada tanto a la empresa como a la Municipalidad de La Unión.


Hacienda San Rafael opera una cantera en el Cantón de La Unión bajo una concesión estatal. La falta de patente municipal y la anulación judicial de su licencia comercial han generado un escenario de incumplimiento legal que ahora es objeto de ultimátum por parte de las autoridades mineras.

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