Por Carlos Sancho Villalobos
A raíz del post que escribí el pasado 21 de diciembre titulado: ¡𝑷𝑹𝑰𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑬𝑹𝑨𝑵 𝑹𝑨𝑩𝑰𝑬𝑻𝑨𝑺…𝑯𝑶𝒀 𝑬𝑺 𝑫𝑬𝑺𝑭𝑨𝑪𝑯𝑨𝑻𝑬𝒁!, el presidente del directorio municipal reprocha, en la sesión ordinaria efectuada este lunes 23, [intuyo que a mi], que como ciudadano en ejercicio y vecino del cantón publicara en un medio informativo local sobre los desaciertos municipales mencionados en el documento presupuestario para el año 2025 que aprobó parcialmente la Contraloría General de la República.
En primer lugar mi derecho a la libertad de pensamiento y expresión está consagrado en diversas leyes internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y no requiere aprobación por parte de nadie, pues estaría ya, en presencia de censura previa. Lo escrito, no es cobardía…es verdad y ya han sido variados muchos artículos de mi parte donde he aportado exhortaciones que no contienen ninguna dosis de hipocresía; pues no fingen sentimientos de ninguna clase. Por otro lado resulta inaceptable que se exprese que seamos nosotros quienes llevemos soluciones, cuando por medio del sufragio electoral escogimos a quienes nos representan, mediando como pago una alta y nada despreciable dieta. Además, mis expresiones no van dirigidas a un grupo de amigos (Club Social), sino más bien a un cuerpo colegiado (Gobierno Municipal) que se rige por un ordenamiento que regula y coordina su ejercicio, no sólo para evitar conflictos sino para que su funcionamiento sea eficiente.
Y para llevar soluciones, ya he visto desfilar en diversas sesiones a vecinos, diputados, síndicos y grupos pidiendo justicia, haciendo aportes y solicitando el cumplimiento de acuerdos aprobados en firme; y en su mayoría abandonan el salón sin una respuesta contundente, ejemplo de ello organizaciones ambientales pro Cerro La Carpintera, pro cierre del Tajo Las Cazuelas, Concejo de Distrito de San Rafael, etc.
Nueve son los regidores propietarios y quieran o no representan a sus partidos políticos y por ende sus postulados y llama poderosamente la atención que se diga y consta en audio y luego en actas que “…𝐸𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖́𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑗𝑒𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑖́𝑎 𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙. 𝐴𝑠𝑖́ 𝑒𝑠 𝑓𝑎́𝑐𝑖𝑙 𝑦 𝑎𝑠𝑖́ 𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑗𝑒 𝑦𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜 𝑣𝑜𝑡𝑒́…”. Esta afirmación del presidente no puede ser de recibo para una comunidad que confía en su cuerpo edil, alcaldía y su aparato burocrático especialista en la formulación presupuestal, ya que no es la primera vez que se confecciona este instrumento que expresa en términos financieros el plan operativo anual institucional. Recordemos que en el año 2022 no fue aprobado por parte del Concejo Municipal el presupuesto ordinario para el año 2023, por no haberse acatado por parte del alcalde los ajustes legales realizados por el Honorable Concejo Municipal en tiempo y forma como en derecho correspondía.
La Contraloría General de la República no es DEKRA donde se puede llevar el vehículo para que nos indique en el rechazo a la inspección técnica las fallas a reparar, ésta es la institución que mediante intercambio de oficios y reuniones dentro del proceso, brinda la oportunidad a la administración y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ajustar sus valoraciones mediante información veraz, objetiva y sobre todo en tiempo, donde para nadie es un secreto su otrora regidora presidenta advirtió con elementos de juicio suficientes, que el documento presupuestal contenía inconsistencias que lo hacían vulnerable.
“𝗟𝗮 𝗲𝗷𝗲𝗰𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗼́𝗹𝗼 𝗲𝗻 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝘀𝗮𝘀, 𝘀𝗶𝗻𝗼 𝗲𝗻 𝗵𝗮𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗰𝗼𝘀𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁𝗮𝘀”. 𝗝𝗲𝗳𝗳 𝗪𝗲𝗶𝗻𝗲𝗿