POR MARCO BALLESTERO
¿Por qué algunos partidos políticos incumplen sistemáticamente la obligación de informar sobre la colocación de bonos y sus estados financieros, tal como exige el artículo 135 del Código Electoral? ¿Qué es lo que ocultan o a qué le temen?
Las sanciones actuales —retención parcial de la contribución estatal y multas económicas— resultan insignificantes. Son, en la práctica, un simple «cachetillo» que no disuade a quienes manejan un torrente millonario de dinero ilegal. Mientras la consecuencia no sea más severa, la opacidad seguirá siendo rentable.
Para garantizar transparencia y responsabilidad ante la ciudadanía, la sanción debe ser proporcional a la gravedad del incumplimiento: la suspensión del derecho a participar en los próximos comicios. Solo una medida de este calibre enviaría el mensaje claro de que el ocultamiento financiero y la opacidad no serán tolerados. Protegería la integridad del proceso electoral y fortalecería la rendición de cuentas.
La ley vigente es demasiado blanda. En un contexto donde el flujo de fondos ilícitos representa un peligro real para nuestra democracia, la retención de fondos públicos es un remedio insuficiente. Se ha normalizado un círculo vicioso: la falta de control efectivo permite la infiltración de dinero oscuro, que a su vez corrompe el sistema político desde sus cimientos.
Es urgente revisar el marco legal y establecer límites claros y estrictos para el financiamiento político. Paralelamente, es fundamental fortalecer las capacidades de supervisión y auditoría del Tribunal Supremo de Elecciones, dotándolo de los recursos y la autonomía necesarios para ejercer un control riguroso.
La democracia no se sostiene solo con votos; se sostiene con confianza. Y la confianza exige transparencia. Es hora de actuar antes de que la opacidad financiera termine de socavar los pilares de nuestra república.