Comentario de Gerardo Vindas Retana.
La propuesta de crear un nuevo impuesto para la protección del cerro La Carpintera, en el cantón de La Unión de Cartago, resulta, cuanto menos, contradictoria. Durante años, este importante espacio natural ha sido invadido por asentamientos informales, sin que ni el gobierno local ni el gobierno central ejercieran la autoridad necesaria para frenar el daño ambiental.
La permisividad institucional permitió que el cerro fuera ocupado progresivamente por ranchos y construcciones ilegales, sin controles efectivos ni sanciones. Hoy, cuando el deterioro es evidente, se plantea trasladar el costo de esa inacción al ciudadano común, afectando nuevamente su economía, mientras los verdaderos responsables siguen sin rendir cuentas.
La protección del ambiente no puede basarse en cargarle la factura a la población que sí cumple con la ley. Antes de pensar en nuevos impuestos, es indispensable que las autoridades expliquen por qué no actuaron a tiempo, quiénes permitieron estas invasiones y qué medidas concretas se adoptarán para evitar que situaciones similares se repitan.
Más que falta de recursos, lo que ha existido es una ausencia de voluntad política y de aplicación firme de la ley. Sin orden, sin control y sin consecuencias, cualquier nuevo impuesto corre el riesgo de convertirse en otro parche que no soluciona el problema de fondo.
La defensa del cerro La Carpintera es una causa justa y necesaria, pero debe empezar por la responsabilidad institucional, la transparencia y la acción concreta. Proteger el ambiente no significa castigar al ciudadano responsable, sino enfrentar con seriedad a quienes han contribuido al deterioro y han permanecido en la impunidad.
Creo que hay varios factores que favorecen la invasión de esas tierras.
Falta de voluntad política.
Complicidad de las autoridades municipales.
Un comité que está pintado en la pared.
Miedo de las autoridades a intervenir.
Falta de limitar el área con mojones.
Por último vigilancia continua y mano dura para los invasores.