Por: Camilo Ulloa Economista independiente
El Cantón de La Unión posee una ubicación estratégica, una calidad de vida envidiable, una infraestructura urbana de calidad en muchos aspectos y un ambiente para negocios que ha crecido en los últimos años. Sin embargo, su desarrollo real se encuentra estancado, no por falta de condiciones objetivas, sino por una gestión municipal que, lejos de potenciar el dinamismo territorial, parece retenerlo. Lo anterior no es un juicio ligero: los datos financieros, urbanísticos y sociales muestran que, a pesar de las oportunidades claras, el gobierno local opera bajo una lógica que raya entre la ineficiencia, el inmovilismo y la autocomplacencia.
¿Cómo se comporta la Municipalidad en el manejo del dinero público?
La Liquidación Presupuestaria 2024 de la Municipalidad de La Unión expone que, de un presupuesto aprobado de ₡18.982,9 millones, solo se ejecutó el 57,81% durante el periodo fiscal. Para mitigar la percepción de subejecución, el municipio reporta un 22,84% adicional como «compromisos por ejecutar», aunque estos montos no representan ejecución real, sino procesos en trámite que no fueron completados dentro del ejercicio 2024 y que incluso algunos han sido arrastrados desde 2023.
Aunque normativamente es válido incluir estos compromisos como parte del cierre presupuestario, su uso extendido para maquillar eficiencia plantea serias dudas éticas y técnicas. ¿Hasta qué punto se están creando compromisos para no perder presupuesto el año siguiente? ¿Se está sacrificando la planificación estratégica en nombre de mantener la asignación presupuestaria intacta? Lo cierto es que, al final, el dinero no se transforma en obra tangible, ni en soluciones inmediatas para la ciudadanía.
El municipio cerró el año con un superávit total de ₡3.703 millones, de los cuales más de ₡1.311 millones siguen sin un destino específico. Esta acumulación de recursos subutilizados contradice el principio básico de ejecución presupuestaria pública: transformar los recursos en bienestar, servicios e infraestructura. Cuando un gobierno local acumula superávit sin estrategias claras de reinversión inmediata, no solo pierde eficiencia, sino que muestra una débil capacidad institucional.
Gestión de la morosidad
Uno de los elementos más críticos del desempeño fiscal municipal, frecuentemente subestimado, es el comportamiento de la morosidad sobre ingresos corrientes y sancionatorios. En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Anexo N.º 2 de la Liquidación Presupuestaria 2024 revela un panorama sumamente preocupante: de un total de ₡18.005 millones puestos al cobro, únicamente se logró recuperar ₡11.355 millones, dejando una morosidadacumulada de ₡6.649 millones, equivalente al 36,93% del monto total facturado en el periodo.
Desde una perspectiva de control financiero público, este nivel de rezago en la recaudación no solo compromete la liquidez operativa y la eficiencia en la asignación de recursos, sino que también evidencia una cuestionable institucionalidad en los mecanismos de cobro administrativo y coercitivo. La ineficiencia no radica en la capacidad, pues los instrumentos existen, sino en la ausencia de voluntad política, técnica o gerencial para aplicarlos con firmeza y oportunidad.
Particularmente grave es la situación en las fuentes estructurales de ingreso:
-Patentes municipales: 31,04% de morosidad
-IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles): 28,97%
-Recolección de basura: 39,47%
-Multas e intereses por mora: entre 85% y 100% de impago
Resulta inaceptable que precisamente los instrumentos sancionatorios del régimen tributario local, como multas, recargos e intereses, presenten niveles de recuperación promedio cercanos al 0%. Esto sugiere un aparato recaudatorio inoperante, donde la autoridad fiscal local carece de capacidad o determinación para exigir el cumplimiento del deber contributivo. La morosidad no solo compromete la caja municipal. Al permitir que se generalice, la municipalidad está trasladando el costo de su ineficiencia a quienes sí cumplen. Y con ello, debilita la sostenibilidad del modelo de gestión local.
Reiterando, a esta inercia se suman los más de ₡1.300 millones subejecutados, reflejo de un superávit que no responde a eficiencia, sino a inacción. Esta aparente solvencia fiscal es, en realidad, una expresión de incapacidad de ejecución institucional. Si a ello se le agregan los más de ₡6.600 millones que no ingresaron por morosidad, el panorama es contundente: La Unión podría haber dispuesto de casi ₡8.000 millones adicionales para obra pública, infraestructura, servicios y desarrollo local, de haber existido una gestión efectiva del ciclo presupuestario y tributario.
La evidencia es clara: capacidad financiera hay, lo que falta es voluntad, profesionalismo y liderazgo institucional. El problema ya no es técnico. Es profundamente político, mientras tanto, el costo lo asume la ciudadanía.
Cuando la burocracia supera al territorio
Más allá del presupuesto y la morosidad, los problemas son estructurales. A pesar de tener una de las mejores ubicaciones del país, con acceso vial y ferroviario privilegiado, la municipalidad impone trabas urbanísticas desincentivadoras. Su plan regulador limita alturas, ralentiza el uso mixto del suelo y restringe el desarrollo vertical, lo que frena proyectos de vivienda, comercio y oficinas en zonas ideales para el crecimiento.
Además, múltiples denuncias públicas revelan la existencia de trámites lentos, trabas discrecionales y procesos opacos. Proyectos de vivienda social, desarrollos comerciales y hasta solicitudes de acceso a agua han sido frenados o retrasados sin explicaciones claras. La percepción pública ya no es la de un gobierno cercano, sino la de una estructura paralizante.
Es especialmente grave que en un cantón donde el 30% de la población identifica la inseguridad como problema principal, las soluciones más visibles provengan de iniciativas verdes aisladas o de intervenciones parciales (como la instalación de luminarias LED o proyectos de urbanismo táctico en lugares sin fundamento claro), mientras que el grueso del presupuesto se subutiliza o se queda atrapado en procesos burocráticos.
El daño silencioso causado
La idea de que “lo importante es no perder presupuesto” es peligrosa. Contribuye a una cultura de simulación, en la que se prioriza el cumplimiento formal sobre el impacto real. El problema no es solo técnico: cada colón no ejecutado es una oportunidad perdida para mejorar vidas, reducir desigualdades o modernizar servicios públicos.
Además, la municipalidad da señales de desconexión institucional, al mostrar más interés en proteger su estructura presupuestaria que en afrontar los retos sociales del cantón: desempleo estructural, desigualdades entre distritos, falta de inversión en sectores estratégicos y migración de capitales hacia cantones vecinos más ágiles.
Ante este panorama, es urgente que la Municipalidad de La Unión transite hacia una gestión pública moderna, eficiente y centrada en resultados. Esto implica fortalecer la planificación estratégica, profesionalizar la administración tributaria, agilizar los procesos urbanísticos y adoptar una visión territorial que libere el potencial del cantón. No se trata solo de ejecutar presupuesto, sino de transformar vidas con decisiones valientes y transparentes. La ciudadanía merece un gobierno local que no solo administre, sino que lidere con propósito. La oportunidad de cambio está al alcance: basta con asumir el compromiso de gobernar con visión, técnica y verdadera vocación de servicio.