Un recurso muy manoseado para eludir responsabilidades es culpar a la llamada “debilidad institucional”. Esta variante se ha vuelto costumbre —y lo será aún más al finalizar cualquier crisis—: trasladar la culpa no al equipo específico que tomó malas decisiones (o no tomó ninguna), sino a una supuesta esencia abstracta, descrita con aire académico y hasta metafísico: la “estructura institucional”.
Sí, la estructura institucional existe. Es el entramado de leyes, reglamentos, protocolos, organizaciones y grupos de poder que configuran el Estado y determinan cómo percibe la realidad y cómo actúa frente a ella. Se manifiesta en trámites burocráticos, equipamiento, personal, sellos, citas, llamadas sin respuesta, sitios web deficientes y recursos públicos mal utilizados.
Pero lo que convenientemente se olvida es que esa estructura no cayó del cielo ni funciona por sí sola. Es una obra humana: creada por personas y sostenida en el tiempo por quienes gobiernan en cada período. Su permanencia —y su ineficiencia— tiene responsables.
También se omite que los resultados de esa estructura dependen, en gran medida, de la calidad del liderazgo. El calibre de quienes dirigen define el rendimiento de cualquier institución.
“Asumir” implica reconocer los distintos —y muy distintos— niveles de responsabilidad según el poder y la autoridad que se ostenta. Y luego, aceptar la cuota de culpa cuando ese poder se ejerce mal o, peor aún, no se ejerce.
Nada de eso está ocurriendo.
Esa es la triste realidad, amigos.
Costa Rica, despierta ya.
Sí Rodrido, no son las leyes, ni los juzgados, ni sus sentencias, ni la Contraloría, ni las Auditorías Institucionales, son las dependencias, que siguen sin entender, ni comprender, que es a ellas a las que les toca atender y aplicar las medidas de corrección y lo único que buscan es la escusa, ante su inoperancia…