Por: Desde Los Pinos, un observador de la política local
Hay quienes buscan emociones fuertes practicando paracaidismo o escalando montañas, pero en el cantón de La Unión parece que hemos encontrado una disciplina aún más riesgosa: aprobar el presupuesto municipal a contrarreloj y con los ojos vendados. Esa ha sido la «pésima costumbre» que, como un boomerang, nos ha devuelto los documentos rebotados por la Contraloría General de la República. Y es que, cuando se trata de manejar sumas millonarias, parece que la estrategia preferida es la de «aprobamos y ya veremos».
El propio ente contralor ha sido claro en consultas de este medio, señalando con ese tono de paciencia agotada que el municipio ha presentado «documentos con múltiples deficiencias que deben corregir, como les corresponde bajo su entera responsabilidad». Esa frase, que suena a reproche de profesor, debería encender todas las alarmas en la Municipalidad de La Unión, pero no, aquí parece que la costumbre es más fuerte que la lógica. La responsabilidad, como bien se ha dicho, no es un monólogo de la administración municipal; el Concejo Municipal se ha convertido en un cómplice necesario de esta función de alto riesgo.
Porque hay que reconocer el mérito: ¿cómo logran los concejales aprobar documentos financieros tan complejos sin analizarlos a fondo? Debe ser un superpoder. Mientras que en otras latitudes los municipios presentan sus presupuestos con tiempo y los concejos deliberan para garantizar que los recursos se alineen con los planes de desarrollo y la estabilidad fiscal, aquí hemos perfeccionado el arte de la aprobación «a golpe de tambor». ¿Para qué leer las proyecciones de ingresos o la asignación de gastos si lo importante es dar el visto bueno y ya? Esta práctica es como comprar un auto sin revisar el motor, con la única diferencia de que aquí el chasis y las llantas valen millones de colones y son financiados por todos nosotros.
El resultado de esta temeridad no podría ser más predecible: el presupuesto es devuelto por la Contraloría, deteniendo la ejecución de proyectos estratégicos para el cantón. El «deporte extremo» de aprobar a ciegas se convierte así en el deporte nacional de poner en peligro las obras y servicios que la comunidad necesita. La Contraloría, en su papel de guardián de la legalidad, no hace más que recordar lo que debería ser una obviedad: aprobar las finanzas municipales es un acto de responsabilidad, no una carrera de obstáculos donde gana quien termine primero. Deben recordar las autoridades locales que las responsabilidades legales y políticas son compartidas.
Ya es hora de que tanto la administración municipal como el Concejo entiendan que el presupuesto «es el instrumento de gestión pública» y el «plan anual operativo» del gobierno local , no un simple papel que se firma para cumplir con un trámite. Es tiempo de que se ponga atención, con la seriedad que amerita, a los «reiterados rechazos parciales y advertencias» de la Contraloría. Si seguimos así, el próximo deporte extremo que practiquemos será explicar a los vecinos por qué no hay dinero para arreglar las calles o mejorar la seguridad, mientras el presupuesto sigue en un limbo burocrático esperando ser corregido. Porque la irresponsabilidad fiscal y legal, esa sí, tiene consecuencias muy reales y nada deportivas.