Por : Gerardo Vindas
La solicitud de tres meses más de suspensión con goce de salario para , director titular del Organismo de Investigación Judicial, vuelve a poner sobre la mesa un tema que indigna y preocupa a miles de costarricenses: la desigualdad en la aplicación de la justicia.
Mientras un trabajador común pierde su salario, su estabilidad y hasta su empleo ante cualquier investigación o señalamiento, en las altas esferas del poder pareciera existir una realidad distinta, donde las suspensiones se extienden, los procesos se alargan y los salarios continúan llegando puntualmente.
Aquí no se trata de condenar sin pruebas ni de irrespetar el debido proceso. Se trata de exigir coherencia, transparencia y respeto hacia un pueblo que todos los días enfrenta una Costa Rica cada vez más difícil, donde la mayoría vive al límite y no cuenta con privilegios ni protecciones especiales.
La justicia debe ser pronta, cumplida e igual para todos, no selectiva ni conveniente dependiendo del puesto que se ocupe. Porque cuando el ciudadano siente que existen reglas diferentes para quienes tienen poder, se debilita la confianza en las instituciones y se golpea directamente la credibilidad del sistema judicial.
Costa Rica merece instituciones fuertes, pero también autoridades capaces de comprender el mensaje que se le envía al país cuando se toman decisiones que parecen alejadas de la realidad de la mayoría de los ciudadanos.
El pueblo no pide espectáculos, pide igualdad. No pide persecución, pide transparencia. Y sobre todo, pide que la ley deje de verse distinta según el cargo o el apellido.
Así funciona la elite, ayer, hoy y siempre. Cambios en eso no habrán, de siempre nunca han habido, ni tampoco habrán, ayer, hoy o mañana, a menos que se cambie el método, la forma sea otra y la manera diferente, para que los derechos de igualdad aplique, algo no alcanzaremos nunca, salvo que revolucionemos.