El Valle de la autoridad fantasma y la zona protegida

Por: El Observador desde Los Pinos

Ilustres vecinos de La Unión, habitantes de un cantón donde la geografía es tan generosa como caprichosa, permítanme contarles la farsa que se representa a diario en las laderas de nuestro valle. Porque aquí, donde el río se hincha con cada aguacero y la tierra tiembla con la memoria de los sismos, la Municipalidad ha elevado a la categoría de arte la práctica de no ejercer su autoridad. Un arte que, como toda obra maestra, tiene consecuencias fatales.

La competencia que se desvanece

El artículo 1 de la Ley de Construcciones es claro: las municipalidades son las encargadas de que las ciudades reúnan condiciones de seguridad, salubridad y orden. Pero en La Unión, esta responsabilidad parece haberse extraviado entre los pasillos del Palacio Municipal, como un expediente que nadie quiere firmar.

La autoridad municipal, esa potestad que la ley otorga para demoler obras ilegales en zonas de riesgo o protegidas, se ha transformado en un fantasma. Existe en el papel, en los reglamentos, en las sentencias de la Sala Constitucional, pero cuando se requiere su presencia en las laderas inestables, en las zonas protegidas o en los márgenes de los ríos, resulta tan tangible como el humo del café que los ediles y el alcalde disfrutan en sus sesiones.

Y mientras tanto, el cemento avanza. Las construcciones crecen como hongos en la noche, desafiando la gravedad y la normativa, porque los constructores saben —todos lo saben—que la autoridad municipal es una promesa vacía. Un «no» que nunca llega, un «sí» que siempre se concede, un silencio que es la más elocuente de las respuestas.

Las manos atadas: “El Mito de la Impotencia”

Los funcionarios han perfeccionado el arte de declararse impotentes. La falta de recursos, la complejidad de los procedimientos, la necesidad de coordinación interinstitucional… la lista de excusas es tan larga como los deslizamientos que esperan su momento en las laderas de La Unión.

«Las manos atadas», repiten como un mantra, mientras la ley les concede el poder de ordenar demoliciones cuando una obra pone en peligro la vida de las personas. «Falta personal», dicen, mientras el personal existe pero prefiere mirar hacia otro lado. «No podemos», aseguran, cuando lo que no tienen es voluntad.

Y la Sala Constitucional, esa vigilante incansable del orden jurídico, ha tenido que recordar una y otra vez que las municipalidades tienen competencia constitucional en materia de planificación local. Que ninguna otra institución puede sustituir a la comuna en sus responsabilidades. Que la autoridad municipal no se delega, no se diluye, no se evapora. Se ejerce o se traiciona.

El precio de la autoridad ausente

Cuando una ladera cede, cuando un río se desborda, cuando una familia lo pierde todo, la Municipalidad se transforma. Ya no es la autoridad ausente, sino la gestora de emergencias que reparte ayudas y promete reconstrucción. Como si la caridad pudiera lavar la negligencia, como si el papel de héroe pudiera borrar el de cómplice.

Porque permitir que la situación crezca, mirar hacia otro lado mientras el peligro se materializa ladrillo por ladrillo, no es inacción. Es complicidad. Es elegir el desastre antes que el conflicto, la tragedia antes que la confrontación con los intereses que construyen donde no deben.

El artículo 18 de la Ley de Construcciones es tajante: quien construye sin permiso o en zonas prohibidas será obligado a demoler lo construido. El poder existe. La autoridad está allí, esperando ser ejercida. Lo que falta es la voluntad, lo que sobra es el miedo a tomar decisiones impopulares.

 La autoridad que nunca llega

El Observador desde Los Pinos les invita a mirar las laderas de nuestro cantón o nuestras montañas. Cada construcción en zona de riesgo no es solo un ladrillo mal colocado; es un monumento a la autoridad que se niega a ejercerse. Cada deslizamiento, cada inundación, cada vida en riesgo es el precio que pagamos por una Municipalidad que prefiere el silencio cómplice antes que la acción firme.

La autoridad municipal, esa que la ley otorga y los ciudadanos exigen, se ha convertido en una promesa vacía en La Unión. Un eco que se pierde en los pasillos del Palacio Municipal, un poder que se escribe pero no se vive, una responsabilidad que se asume solo en el discurso pero se abandona en la práctica.

Y mientras tanto, el Valle de la Inacción espera su momento. Siempre puntual, siempre implacable. Porque la naturaleza, esa vieja maestra que no entiende de silencios burocráticos ni de manos atadas, solo entiende de consecuencias. Y la autoridad ausente, esa que debió detener el desastre antes de que ocurriera, solo sabe llegar cuando ya es demasiado tarde.

*El Observador desde Los Pinos se despide, no sin antes recordar que la autoridad no es un privilegio, sino un deber. Y que en La Unión, ese deber parece haberse extraviado para siempre.