Por: El Observador desde Los Pinos
El ayuntamiento acaba de descubrir el Santo Grial de la transparencia: un sistema donde los funcionarios callan, los plazos se encogen y la responsabilidad… ¡se la echan a otro!
Estimados lectores, abróchense los cinturones, porque hemos conseguido un documento que haría sonrojar hasta al burócrata más experto en esconder expedientes. Se trata del oficio MLU-COMUNI-040-2026, una joyita legal salida del cálido corazón del cantón de La Unión, que promete revolucionar el derecho de acceso a la información… pero no precisamente para bien.
Resulta que nuestros queridos servidores públicos han interpretado la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (N.º 10554) con la misma fidelidad con la que un adolescente interpreta el manual de instrucciones de un mueble de Ikea: es decir, leyendo solo lo que les conviene y usando el resto para hacer un lindo avión de papel.
Primero, lo de los plazos. La ley, esa molestia legal, dice que tenemos hasta 10 días hábiles para responder. Pero en La Unión son tan eficientes que han decidido reducirlo a 5. ¿Y si no cumplen? No importa, porque el artículo QUINTO tiene la solución mágica: el Departamento de Comunicación se lava las manos como Pilatos. «Se informará al medio que el departamento correspondiente no brindó la información, exonerando al Departamento de Comunicación». ¡Claro! Es como si en un restaurante el mesero le dijera: «Señor, la cocina no le cocinó, pero no me reclame a mí, yo solo tomo la orden». La ley dice que la institución es responsable, pero aquí descubrimos que la Municipalidad tiene DNI propio para cada departamento.
Pero lo mejor está en el artículo SEXTO. Prepárense: «Ningún funcionario municipal podrá brindar declaraciones… sin que previamente el Departamento de Comunicación Institucional tenga conocimiento y haya coordinado». Traducción: si usted quiere saber cuánto costó la última teja que se cayó en la acera, no le pregunte al ingeniero, no le pregunte al supervisor de obras. Primero tiene que pedir cita con el «coordinador de comunicación», quien seguramente hará una junta, levantará un acta, convocará a una comisión y, quizás, para el 2027, le den una respuesta políticamente correcta que no incomode a nadie…
Porque, como dice el documento, hay que «garantizar la coherencia del mensaje institucional». O sea, que todos los funcionarios hablen bonito, aunque estén diciendo puras mentiras. La libertad de prensa no es tal si primero hay que pedir permiso.
Lo más irónico es que el mismo documento, en su artículo TERCERO, exige que la información se entregue «tal cual fue solicitada, sin alteraciones sustanciales». ¡Ja! Es como si un secuestrador dijera que el rescate lo va a entregar «en billetes no marcados y sin maltratar al rehén». Todo muy bonito sobre el papel, pero en la práctica han creado un embudo burocrático tan estrecho que ni una cáscara de arroz pasa.
Y qué decir del CONSIDERANDO que abre el documento, citando la ley de transparencia como si fuera un escudo, cuando en realidad están construyendo un bunker. Dicen actuar «en concordancia con los principios de eficiencia, oportunidad y respeto al derecho de acceso». Si esto es eficiencia, yo soy astronauta.
En resumen, señores del municipio la ley no es un menú a la carta del que solo se escogen los artículos que gustan. O cumplen con los 10 días, o dejan de poner excusas y asumen su responsabilidad. Porque el derecho a la información no es un favor que se hace, es una obligación que se cumple.
Y usted, querido lector, la próxima vez que un funcionario le diga «es que eso lo maneja otro departamento», recuerde: según La Unión, eso no es su problema.
¡Hasta la próxima, que aquí no nos callan ni con oficio firmado!