Por: Carlos Sancho Villalobos
𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐃𝐈𝐅𝐀𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐘 𝐂𝐀𝐋𝐔𝐌𝐍𝐈𝐀, 𝐋𝐀𝐒 𝐀𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀𝐒 𝐘 𝐋𝐀𝐒 𝐀𝐌𝐄𝐍𝐀𝐙𝐀𝐒 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐕𝐈𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀 𝐎 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐎𝐑 𝐓𝐄𝐑𝐂𝐄𝐑𝐎𝐒, 𝐍𝐎 𝐃𝐄𝐓𝐄𝐍𝐃𝐑𝐀́𝐍 𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐋𝐄𝐆𝐈́𝐓𝐈𝐌𝐎 𝐃𝐄 𝐌𝐈 𝐃𝐄𝐑𝐄𝐂𝐇𝐎 𝐀 𝐋𝐀 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍, 𝐍𝐈 𝐌𝐈 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀𝐃 𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐎́𝐍.
Recientemente, al revisar el sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial, constaté la existencia de una denuncia penal en mi contra por presuntos delitos de difamación y calumnia, así como una acción civil resarcitoria. Según se afirma, mis publicaciones y videos habrían provocado daños a la imagen, el honor y el decoro del alcalde municipal, atribuyéndome incluso supuestas motivaciones políticas y personales que jamás he manifestado ni sostenido públicamente. De igual forma, me responsabiliza la primera vicealcaldesa por presuntos efectos emocionales y afectaciones a su imagen.
Respeto plenamente el derecho que asiste a cualquier ciudadano de acudir a los tribunales cuando considere lesionados sus derechos. Sin embargo; rechazo categóricamente las afirmaciones que pretenden atribuirme, intenciones inexistentes o presentar como ataques personales lo que no ha sido más que un ejercicio responsable de fiscalización ciudadana y crítica política fundamentada en hechos verificables.
Resulta evidente que la creciente reacción crítica de amplios sectores de la comunidad de La Unión hacia determinadas actuaciones de la administración municipal, genera incomodidad en quienes hoy ejercen el poder. Sin embargo, la respuesta a los cuestionamientos públicos no puede ser el silenciamiento de las voces críticas, ni la judicialización de la opinión ciudadana cuando esta se encuentra sustentada en información objetiva y de interés público.
Compareceré ante el Tribunal Penal de Cartago con absoluta tranquilidad y con la documentación que respalda cada una de mis manifestaciones, pues todas mis opiniones, observaciones y advertencias se encuentran respaldadas por documentos oficiales, entre ellos informes de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República, dictámenes de comisiones municipales permanentes, correspondencia institucional y otras fuentes verificables, como lo es nuestro medio digital Crónicas de La Unión, que permite a cualquier ciudadano contrastar la información y formarse su propio criterio.
Mi defensa se fundamentará en tres principios esenciales reconocidos por la doctrina y la jurisprudencia: Primero, la veracidad de la información difundida, sustentada en documentos oficiales y hechos comprobables, jamás en rumores o falsedades. Segundo, el evidente interés público de los asuntos expuestos, relacionados con la gestión de recursos, decisiones y actuaciones de funcionarios que administran bienes y servicios de toda la comunidad; y tercero, la ausencia absoluta de ánimo difamatorio.
Reitero que mi propósito nunca ha sido humillar, insultar o destruir la imagen de ninguna persona. Por el contrario, mi objetivo ha sido promover la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, principalmente mi municipalidad.
Como expresó Jaime Perich: “𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗵𝗼𝘆 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝗿 𝗾𝘂𝗲 𝘂𝗻 𝗴𝗼𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝘂́𝘁𝗶𝗹 𝘀𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝘀𝗲 𝗻𝗮𝗱𝗮. 𝗔𝗹 𝗴𝗼𝗯𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗮𝗺𝗽𝗼𝗰𝗼”.