Por: El Observador desde Los Pinos
¡Saludos, distinguidos contribuyentes! Prepárense para una clase magistral en el arte de la administración… o, más bien, en el «arte» de dilapidar el erario público con una elegancia burocrática que roza lo poético. El documento que nos ocupa —un memorándum de Auditoría Interna— es una joya satírica en sí misma, aunque sus autores, seguramente, no tenían la más mínima intención de provocar risa. Pero, ¿Cómo no reír ante tanto despropósito?
Acto I: Negligencia, esa vieja amiga.
Resulta que, desde al menos 2020, la Municipalidad de La Unión ha estado perfeccionando el noble deporte de perder demandas judiciales. No es cualquier cosa: se trata de un equipo de leguleyos tan talentosos que lograron convertir simples trámites en multimillonarias condenas en su contra.
En 2018, una sentencia les costó vacaciones y aguinaldo a un trabajador porque, al parecer, olvidaron que existían derechos laborales. ¡Detalle menor! Luego, entre 2019 y 2020, la cosa se puso más emocionante: más de 100 millones de colones extra en intereses, costas y «actualizaciones» de deudas que, oh sorpresa, debieron pagarse hace una década. ¿Eficiencia? No, eso es para mediocres. Aquí se prefiere el derroche con clase.
Acto II: El despido que nunca debió ser (pero igual se intentó).
En 2024, alguien en la Municipalidad tuvo una idea brillante: despedir a un funcionario amparado por fuero sindical… ¡sin molestarse en pedir la autorización legal requerida! El Juzgado de Trabajo, con su falta de sentido del humor, declaró nulo el despido y ordenó reinstalar al empleado con todos sus salarios caídos. La Municipalidad, en un arrebato de optimismo, apeló hasta la Corte Suprema. ¿Resultado? Un sonoro «NO» y una lección de derecho laboral que costó otro dineral. ¿Moraleja? Si vas a violar el debido proceso, al menos hazlo con estilo… y prepárate para pagar.
Acto III: El contrato «fantasma» (o el arte de inventar funciones).
Aquí llega lo mejor: una licitación para «procesos judiciales» que, misteriosamente, terminó usándose para formar órganos directores en procesos disciplinarios. ¿Cambio de objeto contractual? ¡Tonterías! Es solo una «adaptación creativa» a las necesidades del momento. La Directora de Jurídicos, señora Eida Barrantes, figura como administradora del contrato. ¿Su supervisión? Tan efectiva como un colador en un tsunami. La auditoría preguntó por este pequeño detalle en octubre de 2025… y aún espera respuesta. «La paciencia, sin duda, es otra virtud municipal«
Acto IV: La letanía legal (para darle un toque serio al caos).
El memorándum incluye citas de la Constitución, leyes de administración pública, control interno y contra la corrupción. Es como decorar un basurero con citas de Shakespeare: el contenido sigue siendo basura, pero suena culto. Eso sí, queda claro que los funcionarios son «simples depositarios de la autoridad», no sus dueños. Aunque, viendo los resultados, uno pensaría que se confundieron con los dueños de un casino.
Conclusión (o cómo seguir perdiendo sin inmutarse).
La Auditoría Interna, en un arranque de esperanza, pide medidas correctivas en 30 días. ¡Qué optimistas! Después de años de negligencias recurrentes, contratos desviados y sentencias perdidas, aún creen que un plazo perentorio asustará a alguien. Mientras tanto, los recursos públicos siguen evaporándose en demandas, intereses y contratos surrealistas.
Así que, queridos ciudadanos, la próxima vez que paguen sus impuestos, piensen que están financiando una tragicomedia jurídico-administrativa de altísimo presupuesto. Y a los funcionarios involucrados: felicitaciones. Han elevado el despilfarro a una forma de arte. Solo les falta una estatua… o una celda.