POR: EL OBSERVADOR DESDE LOS PINOS
Ya Perdí la Fe en la humanidad (y en los funcionarios municipales)
Lean con atención, queridos lectores, porque lo que les voy a contar no es una trama de una novela de burocracia distópica. Es la crónica de una muerte anunciada, la de la transparencia, en el cantón de La Unión. Y lo peor de todo: ocurre con la venia tácita de quienes, teniendo el poder de responder, prefieren el arte supremo de la evasión, el cual, según parece, es enseñado en alguna academia secreta de la administración pública.
Resulta que un periodista tuvo la osadía de creer en los artículos 27 y 30 de nuestra Constitución Política —sí, esos que hablan del derecho de petición y de acceso a la información—, tuvo la ocurrencia de hacerle unas cuantas preguntas a la Municipalidad de La Unión. Nada del otro mundo: consultas sobre parquímetros, contrataciones millonarias, la creación de 28 nuevas plazas, denuncias realizadas por el exdirector de Recursos Humanos y una calle que colapsó con el estilo de un castillo de naipes.
La respuesta del Alcalde Cristian Torres Garita y de su Coordinador de Comunicación, Ronny Delgado Linares, fue tan brillante que merece un reconocimiento póstumo (al sentido común). No dijeron “no”. Eso sería grosero. Ellos aplicaron la técnica del “sí, pero no”, que la Sala Constitucional tuvo que desmenuzar con la paciencia de un filólogo.
Analicemos la genialidad, digna de un manual de obstrucción:
Primera lección: Si te preguntan por unos documentos, responde con un enlace genérico. El periodista preguntó, en setiembre de 2025, por la creación de 28 plazas, con 10 preguntas concretas sobre costo fiscal, sostenibilidad y transparencia. ¿La respuesta municipal? “La información que solicita se encuentra en la CGR… el presupuesto es de carácter público y lo puede ver en www.cgr.go.cr.” Ah, claro. ¿Para qué está la municipalidad si el periodista puede ir a perderse en el portal de la Contraloría? Es el equivalente a que usted vaya a una carnicería a pedir un corte de carne y le digan: “el animal está en el campo, vaya a buscarlo”. Magistral.
Segunda lección: Si no sabes qué responder, dilo, pero con palabras bonitas. Ante la solicitud de copias de contrataciones, la respuesta fue: “Este tema aún está en análisis de productos para ser expuestos al Concejo Municipal”. ¿“En análisis”? Esa es la muletilla favorita de la administración pública para decir “olvídese de esto hasta que la presión mediática baje”. Es el nuevo “ya le estamos dando trámite”, pero con un barniz de tecnicismo que ofende la inteligencia del solicitante.
Tercera lección (y aquí el premio a la creatividad): Cuando te pregunten por denuncias de acoso o irregularidades en Recursos Humanos, responde que no las recibiste “por escrito”. Es decir, el periodista pregunta sobre hechos notorios, y el funcionario exige que le lleven el expediente judicial y la denuncia en papel couché para poder opinar. ¿Inversión de la carga? ¿Mala fe? No, señor, es “rigor técnico”. Según esta lógica, si uno pregunta por un incendio, el alcalde podría responder que no puede confirmarlo porque no le han entregado la factura de los fósforos.
Cuarta lección: La mejor manera de cumplir una orden de la Sala IV es… no hacerlo. La Sala dictó sentencia (2026005314) ordenando entregar la información. La Municipalidad, en un alarde de “cumplimiento”, presentó un documento (MLU COMUNI 040 2026) que, en lugar de entregar los datos, se dedicó a explicar por qué no los habían entregado. Es como si un juez le ordena a un hijo devolverle el carro a su madre, y el hijo responde: “Señor Juez, le informo que el carro lo usé para ir al cine y que la llanta está ponchada. Atentamente”. No se devuelve el carro, pero se informa de su estado.
El resultado es de una previsibilidad pasmosa. La Sala, en su resolución Nº 2026010008 (la que comentamos), tuvo que declarar parcialmente con lugar la gestión de desobediencia. Ojo: parcialmente. Porque la consulta de los parquímetros, que fue respondida seis meses después con información desfasada, fue considerada como “atendida”. En la lógica procesal, si usted responde con un atraso de medio siglo y con datos obsoletos, “cumplió”. Es la victoria pírrica de la opacidad: la oportunidad no importa, la calidad de la información tampoco.
Pero lo más sarcástico no es la conducta de la Municipalidad. Es la lectura entre líneas de la resolución de la Sala. Los magistrados, con una paciencia digna de un santo, tuvieron que explicar lo obvio: que enviar a alguien a la CGR no es responder; que la evasión no es cumplimiento; que las 10 preguntas sobre las 28 plazas no se contestan con un “está en la página web”.
Al final, la Sala reitera el apercibimiento. Le dice al alcalde: “cumpla, o si no, se viene el testimonio para el Ministerio Público”. ¿Y qué aprendemos de esto? Que en Costa Rica, para violar derechos fundamentales y burlarse de la autoridad constitucional, basta con tener una buena plantilla de abogados que redacten oficios con “lenguaje bonito”, como bien lo denuncia el periodista en su escrito.
La Municipalidad de La Unión, bajo esta administración, ha logrado lo imposible: convertir el simple acto de informar en un laberinto burocrático kafkiano. Y mientras tanto, el ciudadano común sigue sin saber cuánto costó la calle Martínez que colapsó, quién contrató a los familiares, o cómo se financiarán 28 plazas cuando el presupuesto municipal decrece.
La justicia constitucional, con sus apercibimientos y sus plazos, parece un partido de ajedrez contra un adversario que se niega a mover las piezas. La pregunta que me hago como constitucionalista es: ¿seguiremos esperando a que la calle se lleve la confianza ciudadana, igual que la lluvia se llevó la Calle Martínez? Porque mientras los recursos públicos se dilapidan en salarios globales y evasivas, la credibilidad en el Estado se deslava ladrillo por ladrillo.
Moraleja: Si un día usted solicita información y le responden con un enlace al SINIRUBE o con un “está en análisis”, no se preocupe. No es que la ley no le asista. Es que, al parecer, hay quienes encontraron la fórmula perfecta para hacer que cumplir una orden constitucional parezca una sugerencia opcional.
Que la Sala IV me perdone la ironía, pero si el apercibimiento no es acompañado de sanciones efectivas (como el apremio corporal que menciona el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), estaremos condenados a leer estos mismos expedientes dentro de un año, con distintas fechas, pero con la misma triste historia.