Superávit de papel: un ajuste de liquidación presupuestaria que dice más por lo que oculta que por lo que muestra

Camilo Ulloa

Economista independiente

La Municipalidad de La Unión presentó recientemente el documento COP-079-2025, correspondiente al segundo ajuste de la liquidación presupuestaria del año 2024. A simple vista, podría parecer un trámite técnico, casi rutinario. Pero basta una lectura cuidadosa, con la dosis de escepticismo que la administración pública merece, para advertir que más que un ejercicio contable, estamos ante un movimiento estratégico que plantea serias preguntas sobre la gestión del gasto, la transparencia de la información y el uso político del presupuesto.

La solicitud de aprobación al Concejo Municipal llegó con apenas 12 días de antelación. Ese margen, insuficiente para un análisis riguroso, reduce al mínimo la posibilidad de control democrático. A esta premura se suma un silencio absoluto respecto al primer ajuste del año. ¿Qué cambió entre ambos? ¿Se corrigieron errores, se maquillaron cifras, se redistribuyeron recursos de forma estratégica? No saberlo impide entender la evolución presupuestaria y limita el ejercicio de rendición de cuentas.

Llama también la atención la falta de desglose sobre los compromisos adquiridos antes del cierre fiscal. ¿A qué corresponden exactamente? ¿Son contratos firmados o simples arrastres administrativos que se presentan como obligaciones pendientes? Estas ambigüedades impiden discernir si estamos ante un manejo financiero legítimo o ante una maniobra para justificar la subejecución y proteger decisiones cuestionables.

El documento admite que el 20% del presupuesto comprometido no se ejecutó a tiempo. En la práctica, esto puede explicarse por retrasos técnicos o administrativos. Pero también puede responder a una lógica de “presupuestación política”: comprometer recursos sin intención real de ejecutarlos, solo para sostener una narrativa de inversión. ¿Qué ocurrirá con ese 20%? ¿Se trasladará como superávit? ¿Se reprogramará sin apego al marco legal? El silencio institucional en torno a estas preguntas es tan elocuente como preocupante.

La sección de ingresos, por su parte, permanece inalterada. No se ajusta, no se revisa, no se cuestiona. Esta omisión es especialmente grave: ignorar los ingresos impide conocer si hubo fallas en la recaudación o si se incurrió en sobreestimaciones deliberadas. Y mientras los ingresos se asumen como verdades inmutables, los egresos se manipulan con una elasticidad que debería incomodar a cualquier órgano fiscalizador.

El modelo electrónico de liquidación revela lo más llamativo: un superávit de ₡4.565 millones, cifra que coincide exactamente con el monto no ejecutado. No se trata de eficiencia ni de ingresos extraordinarios. Simplemente no se gastó lo presupuestado. El 65% de ese superávit es específico, atado a leyes o programas concretos, lo que reduce drásticamente su flexibilidad. La pregunta es inevitable: ¿por qué no se ejecutaron esos fondos? ¿Se trata de una incapacidad operativa o de una estrategia para acumular caja política con miras al próximo período?

Otros detalles profundizan la duda. Hay ₡2.5 millones en depósitos no identificados. En una municipalidad que opera bajo esquemas digitales, este tipo de errores contables no solo es inadmisible, sino que abre la puerta a irregularidades mayores. Y en el rubro de inversión, más de ₡2.200 millones quedaron sin ejecutar. Lo mismo ocurre en remuneraciones, donde se reporta un sobrante de ₡422 millones. ¿Qué plazas quedaron vacantes? ¿Se sustituyó personal con contrataciones externas? Y en un gesto que raya en lo absurdo, la cuenta “Vigilancia” se ejecutó al centavo exacto: un nivel de precisión que, en el contexto público, no genera confianza, sino sospecha.

La morosidad también es digna de mención: ₡6.649 millones, casi el 37% del presupuesto. Y aunque se reportan ₡8.215 millones en cuentas bancarias, buena parte de ese dinero está comprometido o invertido, lo cual no implica eficiencia, sino apenas almacenamiento.

Visto en conjunto, este documento más que una rendición de cuentas parece una operación política. Se infla el presupuesto, se subejecuta de forma sistemática, se evita el compromiso con proyectos de alto impacto, y se acumulan recursos específicos para futuras maniobras. La aparente “buena gestión” no se construye sobre resultados reales, sino sobre una arquitectura contable que sirve más al discurso que al desarrollo local.

Por eso, este ajuste no debería aprobarse sin condiciones. Se requiere, como mínimo, un desglose detallado por programa y fuente de financiamiento, una explicación técnica de por qué no se ajustaron ingresos, una comparación directa con el primer ajuste, una revisión legal de los compromisos no ejecutados y un informe de auditoría independiente. La liquidación presupuestaria no debería ser un acto de maquillaje contable ni una estrategia de acumulación silenciosa. Es, o debería ser, el espejo más honesto del deber cumplido. Y si ese espejo se empaña con premura, opacidad o silencios, es deber del Concejo y de la ciudadanía, exigir claridad antes que aprobación.