La Municipalidad de La Unión mantiene vigente el cobro por el servicio de aseo de vías y sitios públicos, fijando una tarifa de doscientos colones mensuales por cada metro lineal de frente de propiedad. Este monto se aplica de manera proporcional según el porcentaje de dominio sobre cada finca.
Inicialmente implementado en el distrito de Tres Ríos, el cobro fue posteriormente extendido a todo el cantón. Según la justificación oficial, la tasa cubre la limpieza de aceras y de los sistemas pluviales, específicamente cordón y caño. Su sustento legal se encuentra en el Código Municipal N.° 7794, que faculta a las municipalidades a cobrar por los servicios que prestan.
No obstante, el debate no gira en torno a la legalidad del cobro, sino a su justicia y razonabilidad.
Estamos ante una tarifa uniforme, aplicada sin distinción, que no considera si el servicio realmente se brinda de forma efectiva en cada comunidad. En la práctica, una gran cantidad de vecinos asume por cuenta propia la limpieza de sus aceras y frentes de propiedad, ya sea por responsabilidad cívica o ante la ausencia del servicio municipal. A pesar de ello, deben pagar por un trabajo que ya realizan.
Aunque el monto pueda parecer bajo, su impacto acumulado no es menor, especialmente para familias que enfrentan limitaciones económicas. Lo que para algunos es una cifra insignificante, para otros representa un gasto adicional que no responde a una necesidad real.
Aquí es donde surge la pregunta de fondo: ¿puede considerarse justo un cobro que no guarda relación directa con la prestación efectiva del servicio?
Cuando una municipalidad cobra de manera generalizada sin garantizar eficiencia, cobertura ni verificación del servicio, el tributo deja de percibirse como una contribución legítima y comienza a entenderse como una imposición desconectada de la realidad del contribuyente.
La legalidad no debe ser excusa para la falta de equidad. Gobernar implica también escuchar, revisar y corregir. Este es un tema que merece análisis, transparencia y, sobre todo, voluntad política para ajustar lo que claramente no está funcionando como debería.
Porque al final, el verdadero servicio público no se mide por lo que se cobra, sino por lo que efectivamente se cumple.
Si las personas no tirasen basura al suelo no habría necesidad de barrer las calles. No obstante, me ha llamado la atención ver a los señores del contrato ir para arriba y para abajo con sus carretillos azules haciendo kilometraje, pero no los veo pasar el escobón, ni agacharse. Si el sector se encuentra limpio deberían el encargado municipal del contrato programar limpieza en otros. No es solo eficiencia, es también EFICACIA.