Contraloría señala rezago municipal en planificación urbana y ordenamiento territorial: ENTREVISTA: Vivian Garbanzo Gerente de Servicios de Desarrollo Local de la Contraloría General de la República

  • “Se requieren acciones urgentes que fortalezcan la capacidad de gestión en cuanto a la planificación urbana de los cantones” señala el ente contralor  

La Contraloría General de la República (CGR) realizó un informe sobre la capacidad de los gobiernos locales del GAM para llevar a cabo la planificación urbana y el ordenamiento territorial, en un contexto de aceleración de la urbanización. El estudio evaluó 31 cantones y considera un periodo de estudio desde 2019 hasta el 18 de enero del 2021.

Se identificó que un grupo de gobiernos locales en el GAM, comienza a avanzar en el uso del plan regulador y sistemas de información como herramientas que facilitan la gestión a lo largo de todo el proceso que conlleva la planificación urbana y el ordenamiento territorial. Sin embargo, otro grupo de municipalidades, presentan rezago en cuanto a la elaboración del plan regulador (actualización, seguimiento y participación ciudadana) y la disponibilidad de herramientas tecnológicas para llevar a cabo efectivamente su gestión.

La renovación urbana e inspección de construcciones como factores coadyuvantes en el éxito de la gestión territorial 

En estos dos procesos se observó por un lado, municipalidades que han invertido para mejorar los espacios públicos o alguna infraestructura local, o bien, se apoyan en las tecnologías de información para realizar las inspecciones. Mientras que por otro lado, todavía hay gobiernos locales que requieren superar temas como: programar proyectos de renovación urbana, la recepción de obras de construcción terminadas y el registro de la información de las inspecciones. 

EN DETALLE 

  1. En Costa Rica, la región delimitada como Gran Área Metropolitana (GAM) es la más urbanizada del país, alberga alrededor del 60% de la población y tiene una extensión de aproximadamente 1.779,79 kilómetros cuadrados, es decir, concentra a la mayor parte de la población en alrededor del 3,5% del territorio. 
  2. En línea con lo anterior, en su informe titulado “Implicaciones sociales, económicas y ambientales del modelo de ciudad vigente en la GAM, 2016”, el Estado de la Nación estima que para el 2050, 9 de cada 10 costarricenses vivirán en el GAM. Al respecto, el Estado de la Nación advierte que este aumento de urbanización es una oportunidad de corregir inequidades y un riesgo a la vez, ya que también puede agravarlas. La ciudad debe crecer, pero ¿Cuál es el modelo que tenemos y cuáles son los desafíos para que ese desarrollo sea sostenible? 
  3. Este informe considera los resultados al 18 de enero del 2021, fecha en que se solicitó la información a las diferentes administraciones, por lo tanto muestra la condición de las municipalidades a ese momento. 
  4. En el presente seguimiento de la gestión pública, se utilizaron como referencia las principales normas nacionales que regulan la planificación urbana y el ordenamiento territorial, a saber: la Constitución Política, la Ley de Planificación Urbana, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Construcciones, el Código Municipal, el Reglamento de Renovación Urbana y el Manual de Planes Reguladores como Instrumento de Ordenamiento Territorial. 
  5. En Costa Rica, la gestión por parte del Estado de lo relacionado con el proceso de urbanización, se circunscribe dentro de los campos de la planificación urbana y el ordenamiento territorial, y otros campos más específicos como por ejemplo: la movilidad urbana, el desarrollo económico, la infraestructura de servicios y la vivienda. En este sentido, el instrumento jurídico por excelencia que regula la materia de planificación urbana se denomina: Ley de Planificación Urbana, N.° 4240. Por su parte, la base de las regulaciones en materia de ordenamiento territorial se encuentra en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554. 

Más detalles: https://www.cgr.go.cr/06-noticias/detalle-noticias.html

(Fuente: CGR 2021)

(ljc.15abril202)

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