Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones.
Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se consigue el progreso para todo el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal y como refleja el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas.
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha demostrado los grandes desafíos que tenemos como sociedad, haciendo más evidentes las desigualdades de género, las mujeres son las más afectadas por el aumento de desempleo, la pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados.
La reducción de la actividad económica afecta en primera instancia a las trabajadoras informales que pierden su sustento de vida de forma casi inmediata, sin ninguna red o posibilidad de sustituir el ingreso diario.
Más de la mitad de las mujeres trabaja en sectores de alto riesgo de ser afectados por la contracción económica comercio, trabajo doméstico, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividad inmobiliaria y el sector salud; donde las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en la primera línea de respuesta, pero con una participación minoritaria en la toma de decisiones frente a la pandemia.
Durante la crisis, las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar ocupan un lugar crucial dentro de la respuesta por el papel central que desempeñan en el cuidado de niñas y niños, personas enfermas y dependientes y el mantenimiento de los hogares. Sin embargo, y a pesar de la enorme contribución que su trabajo significa en la vida de muchas personas, también son las más afectadas por la crisis.
Según estimaciones de la OIT, el 70,4% de las trabajadoras domésticas están afectadas por las medidas de la pandemia, por disminución de la actividad económica, desempleo, reducción de las horas o pérdidas de salarios. Esto se debe, entre otras razones, a la situación de precariedad en el empleo que presenta este sector, caracterizado por bajos salarios y falta de prestaciones sociales para su supervivencia y el sostenimiento de sus familias ante situaciones de despidos o frente a la reducción de sus ingresos.
El impacto de la crisis por COVID-19 es diferente para las mujeres rurales, mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes en Costa Rica
Si las mujeres de la gran área metropolitana se han visto afectadas por la pandemia, las mujeres de zonas rurales, indígenas y afrodescendiente lo son aún más. Además de realizar sus actividades productivas enfrentando desigualdades que las hacen trabajar de manera informal y una sobrecarga de tareas domésticas no pagadas en sus hogares, las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes se enfrentan a obstáculos para acceder a recursos productivos como el agua, la tierra, insumos agrícolas, financiamiento, seguros, capacitación, entre otros; a esto se suman diversas barreras que les dificultan comercializar sus productos en los mercados; la situación se ha vuelto todavía más adversa con la pandemia del COVID-19.
Con la llegada de la pandemia, muchos negocios de personas indígenas y emprendimientos de mujeres se han visto afectadas. Un alto porcentaje de empresas pequeñas y grandes está desapareciendo y con ellas ha caído la posibilidad de generar ingresos para muchos y muchas emprendedoras indígenas, afectando las producciones comunitarias de las que dependen centenares de familias.
La sobrecarga de trabajo no remunerado es un obstáculo en el empoderamiento económico de las mujeres y su autonomía.
El confinamiento agudiza la crisis del cuidado, aumentando la carga global de trabajo de las mujeres. Según la OIT, las mujeres tienen a su cargo 76,2% de todas las horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres) y son ellas quienes tienen doble o triple jornada laboral, situación que se ha agravado con las medidas del confinamiento, particularmente en las familias con hijos/as en edad preescolar o que no pueden asumir de manera autónoma la educación a distancia. La situación actual también ha empeorado en las familias donde algún miembro sufre una enfermedad crónica o están al cargo de adultos/as mayores dependientes, ambos grupos de riesgo para el coronavirus. Esta mayor carga de trabajo impacta negativamente el trabajo remunerado y la salud de las mujeres, sobre todo en ausencia de sistemas de cuidados institucionalizados.
A causa del cierre de escuelas, centros educativos y guarderías, las mujeres han asumido gran parte del trabajo no remunerado adicional en el hogar. Antes de la pandemia, las mujeres dedicaban más del triple de tiempo al trabajo no pago que los hombres.
Esto pone en evidencia la necesidad de mejorar el reparto de las tareas de cuidado y domésticas, seguido del establecimiento de un nuevo contrato social: el cambio cultural más importante que se requiere para avanzar en igualdad de oportunidades. La sobrecarga de trabajo no remunerado afecta principalmente a las mujeres en los hogares más pobres hasta 39% más del tiempo.
En esta crisis, se ha puesto en evidencia la importancia del trabajo de cuidados de las personas en los hogares y fuera de ellos, la necesidad de adoptar medidas para redistribuir esta carga entre el Estado, el mercado y dentro de las familias. Es indispensable promover la corresponsabilidad, tanto en lo laboral como en lo doméstico. Durante la vigencia de las medidas de confinamiento, los gobiernos locales pueden abordar este tema a través de campañas dirigidas tanto a mujeres como a hombres para promover la corresponsabilidad. Las empresas que tienen la opción de facilitar el teletrabajo a su personal, deben promocionar la flexibilidad que permita a todo su personal de manera igualitaria conciliar las responsabilidades del hogar y del cuidado con las actividades laborales, desde el reconocimiento a la mayor carga de trabajo en las familias que están asumiendo principalmente las mujeres.
Asimismo, es importante garantizar las licencias y permisos para el cuidado, tanto para hombres como para mujeres. Con un balance igualitario en las responsabilidades productivas y reproductivas, tanto mujeres como hombres pueden continuar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, sin ser las mujeres quienes se vean afectadas en mayor grado por recortes o despidos por su desigual distribución del trabajo del hogar.
Promover políticas de empleo dirigidas a las mujeres:
La mirada de género y la atención de las necesidades específicas de las mujeres son clave para una recuperación económica sostenible y para salir de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 con un firme horizonte de igualdad.
Es necesario que el gobierno central y local, contrarresten los efectos de la crisis de la COVID-19 sobre las mujeres. Desde una perspectiva más amplia, los planes de estímulo macroeconómico deben seguir apoyando y creando empleos para las mujeres. Las políticas deben concentrarse en los sectores más afectados que emplean a un gran número de mujeres, junto a medidas que contribuyan a subsanar los déficits de competencias y a eliminar las barreras prácticas de entrada al mercado de trabajo. Esto aunque muchos crean que es una utopía se puede lograr en una alianza gobierno, gobierno local, empresa privada y organismos internacionales; para una reactivación inclusiva que garantice los derechos de las mujeres y promueva la igualdad de género para una recuperación sostenible, lo cual requiere:
- Avanzar hacia un pacto fiscal y de género que tome en cuenta las necesidades de las mujeres para mitigar la emergencia e impulsar una reactivación sostenible y justa.
- Reforzar el financiamiento de políticas con foco en las mujeres durante y después de la pandemia: servicios integrales de atención en violencia de género, salud sexual y reproductiva y cuidados y garantizar un ingreso básico de emergencia a mujeres en situación de pobreza.
- Invertir en la economía del cuidado como dinamizador para una reactivación económica con igualdad incluyendo la formalización, remuneración y seguridad social de las personas trabajadoras.
- Redistribuir las responsabilidades del cuidado, avanzar en la transformación de los mercados laborales y lograr mayor corresponsabilidad entre el Estado, los hogares, el mercado y las comunidades.
- Expandir cobertura de programas de empleo y protección social para garantizar los derechos de las mujeres migrantes, afrodescendientes, indígenas, rurales, de comunidades de base y mujeres con discapacidad.
El reto del Gobierno central y local, empresa privada y de los organismos internacionales para encaminar políticas es que busquen la igualdad en la mitigación y de recuperación de esta crisis, así abrir una oportunidad para que estas sean apropiadas y efectivas, en la medida en que respondan a las necesidades del conjunto de la población, incluyendo a las mujeres.
Es indispensable la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones para ofrecer respuestas a la crisis efectivas y apropiadas. Las decisiones que no incluyen a las mujeres son parciales, menos efectivas e incluso pueden ser dañinas.
Las mujeres representan la mitad de la población en todos los países de la región, aportan perspectivas distintas y asumen con mayor liderazgo las necesidades diferenciadas de las mujeres. La participación de las mujeres en los espacios donde reside el poder real es lo que marca la diferencia. Estos argumentos evidencian que no se puede atender esta crisis sin la participación efectiva de las mujeres que permita la visibilización e incorporación de estas realidades diferenciadas en el diseño y acciones de la política pública.
La crisis del COVID-19 no puede derivar en un retroceso en la participación laboral de las mujeres, y por ello se debe garantizar su acceso a los derechos económicos. Además, la participación de las mujeres en el mercado laboral es relevante para el crecimiento económico de los países. Las mujeres parten en peores condiciones para enfrentar esta crisis, presentan una menor participación laboral, les afecta más el desempleo y se concentran más en sectores vulnerables y de baja productividad.
Las medidas inmediatas de alivio económico deben asegurar el principio de no discriminación e incluir acciones afirmativas para asegurar que las mujeres no se queden atrás, particularmente las mujeres de los grupos de mayor riesgo. Acelerar el desarrollo de instrumentos para asegurar que las políticas sociales y económicas no discriminen a las mujeres es importante ahora y definirá la sociedad que surja de la crisis.
Es necesario reforzar las medidas para asegurar que las políticas que establece el gobierno se implementen en todas las regiones del país. Pueden fortalecerse los enlaces territoriales mejorar los canales de comunicación con los gobiernos locales, y consultar a las organizaciones y grupos de mujeres que operan en las comunidades,
Cada día, las mujeres con nuestras acciones, con la manera en que dirigimos, hablamos, preguntamos, actuamos, cuestionamos las normas, transformamos las costumbres, cambiamos las leyes, tomamos medidas e inspiramos a los demás para crear un mundo sin discriminación de género.