Por Pedro Alberto Soto Sánchez
Si algo ha caracterizado la gestión municipal en relación con La Carpintera, ha sido lo tardío de su respuesta.
Cuando todo comenzó, al menos hace 14 años, privó la indiferencia. Luego llegaron las inspecciones esporádicas de construcciones ilegales, casi consolidadas, abriendo un lentísimo proceso legal, que dio frutos hasta el 2014 – 2015, cuando se ordenó el desalojo de un pequeño grupo de familias del sector de Calle Gírales. Cinco años después, la sentencia no ha sido ejecutada.
Después vinieron las reacciones ante las presiones de dueños de fincas para seguir vendiendo derechos; de los propietarios que responsablemente (esos sí) trabajaban por la aprobación de un Plan de Manejo; o de los líderes y grupos ambientalistas que en los últimos años no dejaron de presionar por la solución del problema.
Durante la administración anterior (2016 – 2020) ya no solo fueron tardíos, sino que además permitieron las construcciones ilegales; ampliaron caminos de acceso; concedieron pajas de agua e incumplieron resoluciones legales. Fueron cuatro años de franco retroceso.
Una solución integralEn la sesión del Concejo Municipal del martes 21 de julio, el Alcalde Cristian Torres y su equipo de trabajo presentaron las “Acciones Municipales sobre Intervención Cerro La Carpintera” (sic), una propuesta para realizar estudios; reuniones y actividades diversas; análisis de leyes y reglamentos, con el fin de responder a la Sala Constitucional y crear un “Plan Institucional para el Abordaje Integral de los Cerros de La Carpintera”.Se trata, según lo expresado por el Alcalde Torres, de formular una “propuesta integral” mediante el trabajo de un “equipo interdisciplinario con representantes de todos los departamentos” y otras instituciones vinculadas con la problemática del emblemático cerro.
Aunque la propuesta de la administración municipal no es clara en plazos, recursos e implicaciones prácticas, esperamos que al final de cuentas brinde orientaciones para cambiar la actual situación. Ojalá no sea solo una forma de “cuidarle la espalda al Jefe”, como solía decir el responsable de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de La Unión. No obstante, más allá del necesario proceso de documentación, si de verdad se quiere hacer algo distinto, el gobierno local debe impulsar un agresivo proceso de participación social e institucional para gestionar los cambios requeridos.Riqueza amenazadaAdemás de su valor intangible, generador de identidad cultural, los cerros de La Carpintera tienen un enorme potencial por sus zonas de bosque; su biodiversidad; su recurso hídrico y belleza escénica.
No es de importancia menor que además tenga un Plan de Manejo, gracias al esfuerzo de una buena parte de sus propietarios y el trabajo de la Asociación Movimiento Cívico del Cantón de La Unión.No hace falta mucho estudio adicional para identificar sus principales amenazas: 1- Disminución del área boscosa (aunque por dicha todavía es mínima); 2- Asentamientos irregulares y construcciones no autorizadas en al menos cuatro sectores; 3- Construcciones dentro de la zona protectora y en sectores de riesgo por potenciales deslizamientos; 4- Falta de coordinación entre las diferentes instituciones y organismos interesados con su protección y conservación; 5-
Falta de iniciativas y proyectos de inversión ambientalmente sostenibles; 6- Nula interrelación entre el gobierno municipal y los principales actores sociales con intereses en la zona.Activación social y participaciónPara marcar una diferencia contundente con lo que se hecho hasta el momento, el gobierno local debe impulsar un amplio proceso de activación y participación social. En lo fundamental se requiere:·
Dar cumplimiento a las sentencias judiciales en firme, relacionadas con la reubicación de familias que construyeron ilegalmente y/o en la zona protectora y zonas de riesgo, coordinando con las entidades correspondientes para respetar inversiones y derecho a la vivienda de estas familias.· Coordinar con las organizaciones y formar grupos de vecinos en los asentamientos de la zona, para evitar el aumento de las construcciones ilegales. Mediante esa misma coordinación, se pueden analizar las propuestas de prevención y atención de riesgos y potenciales emergencias; reubicación y renovación urbana.·
Crear un mecanismo de respuesta inmediata con la participación de grupos organizados, voluntariado, Fuerza Pública y funcionarios del MINAET para frenar los daños ambientales y la ampliación de las zonas de construcción ilegal. Se debe crear un procedimiento de observación permanente, con su correspondiente protocolo de actuación.·
Crear una comisión especial, con plazo definido, integrada por representantes de la Administración y el Concejo Municipal, representantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); del Comité Local de Áreas de Conservación (COLAC), y los representantes de los propietarios organizados, para identificar alternativas de proyectos de inversión y desarrollo de la zona, ajustadas a la posibilidades que brinda el Plan de Manejo y criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.·
Ampliar los proyectos de educación ambiental de la Escuela Municipal del Agua y el Ambiente, en conjunto con las organizaciones comunales, grupos ambientales y organismos del MINAET, y cualquier otra persona y organización interesada, dando prioridad a las comunidades, escuelas y grupos comunales de la zona de impacto inmediato de la Zona Protectora.
La administración municipal puede marcar diferencia si facilita la participación de los vecinos y las organizaciones sociales y ambientales, como parte de la solución del problema y para la creación de proyectos de inversión y desarrollo. De lo contrario, seguiremos en lo mismo.