Trabajar en pro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con el compromiso contundente de erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Ese es el desafío que la ministra de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) piden asumir a los Concejos Municipales y a los partidos políticos, en cumplimiento de la Constitución Política, convenios internacionales y leyes del país.
Mediante un trabajo colectivo de representantes de varias institucionales y organizaciones, el año pasado se le presentó a los Concejos Municipales un modelo de Reglamento a la Ley 10235, como guía, como texto base a partir del cual se pueda enriquecer con disposiciones más robustas y garantistas para la defensa de los derechos políticos de las mujeres y la erradicación de toda forma de violencia en su contra.
“En el año que recién inicia, se requiere la urgente aprobación de los reglamentos internos de las municipalidades y de los partidos políticos según lo dispuesto en el transitorio I de la Ley No. 10.235. Hemos sido contundentes en que se requiere un pacto ético y social en el que comprendamos que se necesitan tomar decisiones determinantes para el país”, indicó la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández.
La presidenta ejecutiva del INAMU y la ministra de la Condición de la Mujer coinciden en señalar que las municipalidades, por medio de los Concejos Municipales y los partidos políticos son actores protagónicos y privilegiados que, en el marco de la autonomía de que gozan, deben apropiarse de la Ley N°10.235 y generar las reglamentaciones y políticas necesarias en sintonía con el cambio cultural que se necesita.
“La demanda de tantas y tantas mujeres y colectivos se concretó en una ley que fue consultada, discutida y precisada, se cuenta con modelo de normativa reglamentaria; por ello, hacemos el llamado a ser consecuentes con los valores democráticos que requiere nuestro país. Nuestra democracia se enriquecerá con el aporte de toda la población, sin violencias limitantes y excluyentes. El tiempo es ahora. Es necesario aprovechar la oportunidad para el cambio”, señaló Adilia Caravaca Zúñiga, presidenta ejecutiva del INAMU.
“Debemos asumir el compromiso y la responsabilidad de fomentar una nueva cultura política democrática en el marco del respeto, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la erradicación de toda forma violencia contra las mujeres como mandatos imperativos”, enfatizó Caravaca.
“Costa Rica avanzó para garantizar a las mujeres un ejercicio político libre de violencia contra las mujeres, con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°90 del 17 de mayo de 2022 de la Ley N°10.235 para Prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política. Esta normativa aborda un tipo de violencia contra las mujeres que se perpetra en su contra, solo por el hecho de ser mujeres; cuyas consecuencias incluyen afectaciones tanto para su vida personal como para el desarrollo de su carrera política; pero también, afecta a toda la sociedad, al limitar la participación democrática y por tanto los aportes de la representación de al menos la mitad de la población, lo que se constituye en un límite para la democracia paritaria y los derechos humanos”, finalizó Quesada Hernández.