Por: Lic. Leonardo Jiménez Campos
Transcurría el año 1998 cuando se dio la alerta de que la vieja Casona de Fausto Calderón sería demolida para construir en su lugar un moderno supermercado….En aquél momento no existía en nuestro cantón estudio alguno sobre las estructuras con valor patrimonial ni mucho menos el compromiso de salvaguardar algunas edificaciones de la inminente destrucción so pretexto del desarrollo.
Fue así, como dos años antes de la salida del primer ejemplar de Crónicas de La Unión se decidió levantar un listado de edificaciones históricas y un archivo fotográfico patrimonial que luego sería premiado por el ministerio de Cultura como ejemplo a seguir por las comunidades nacionales.
Ese archivo, contemplaba la posible inclusión dentro del Patrimonio Nacional de 32 edificaciones ubicadas en todo el territorio cantonal. Hoy 18 años después, únicamente cinco están protegidas por la ley 7555 y otras cinco desdichadamente, las más bellas, han sido demolidas. El resto, vivió el proceso tedioso y burocrático en donde la Dirección Nacional de Patrimonio del ministerio de Cultura, más parece con su lentitud promover la destrucción de nuestro legado histórico que protegerlo…
Muchas de las edificaciones hoy en pie, de no ser protegidas acabarán siendo fotografías en los álbumes familiares. Mucha de nuestra riqueza arqueológica aún no descubierta terminará siendo historia en pedazos en manos de urbanistas sin arraigo o gente que ve en nuestro cantón únicamente el sitio donde lucrar.
Publicación Crónicas de La Unión 1998
¿Porqué preservar nuestro Patrimonio Histórico arquitectónico?
La historia nos enseña los pasos seguidos por el hombre desde sus inicios, su obra material así como el progreso intelectual fruto de su constante experimentación en todos los campos.
Ahora bien, imaginemos un mundo sin obras monumentales como la muralla China, Las Pirámides de Egipto o Antigua Guatemala, Roma sin su Coliseo, Francia sin Versalles, Louvre o en nuestro país, un San José sin la Belleza Arquitectónica del Barrio Otoya, Barrio Amón o El Teatro Nacional, Heredia sin su Iglesia Colonial y su Fortín o Cartago por supuesto sin las Ruinas, su Basílica de Los Ángeles, Casonas viejas y calzadas representativas de la vieja metrópoli.
El hombre necesita conocer sus orígenes. En tanto muchos arqueólogos del mundo hoy escarban con sus manos la tierra en busca de conocer su pasado histórico, en Costa Rica se debate en el mejor de los casos sobre qué debemos demoler o destruir con el pretexto de que debemos progresar.
No quiero siquiera imaginar que amparados al progreso heredemos a nuestros hijos como obra arquitectónica urbanizaciones, centros comerciales, moles y restaurantes de comida rápida, derrumbando o demoliendo las pocas obras con valor patrimonial que aún se encuentran en pie.
Irónicamente, enarbolando la bandera del progreso muchos quieren cambiar calzadas de piedra por parqueos, botar casonas donde nacieron y vivieron nuestros próceres para construir centros de comercio que lo que menos reflejan es nuestra identidad.
Tomemos el ejemplo de países como Guatemala, Cuba, Perú, Colombia y México, para citar algunos casos en Latinoamérica, países que han creado leyes que garantizan la no destrucción del patrimonio cultural arquitectónico.
Estas normativas sumadas a políticas de promoción en el exterior han permitido que hoy perciban ingresos millonarios por concepto de turismo. Lo anterior nos enseña que estos inmuebles pueden generar riqueza para nuestros pueblos.
La utilización de casonas como restaurantes, hoteles, museos y galerías dan elegancia y cultura a nuestras ciudades así como conservan nuestra identidad cultural.
Costa Rica cuenta con una ley que busca salvaguardar todos estos lugares (Ley 7555) sin embargo la ambigüedad de la normativa, la carencia de estímulos a los propietarios de los inmuebles y la poca sensibilidad hacia estas construcciones, ocasiona que cada vez sean menos las edificaciones históricas que se preservan.
La Unión no escapa de esta realidad
Y es que La Unión no escapa de esta cruda realidad, en 1998 se presentó ante la Dirección de Patrimonio la solicitud de inventariar inmuebles con valor histórico arquitectónico. A la fecha únicamente cinco de más de 20 estructuras son parte del patrimonio nacional. Han sido demolidas las más emblemáticas y el desarrollo acelerado augura la caída de muchas más.
Compete al gobierno nacional establecer políticas de protección y restauración de estos inmuebles, compete a los gobiernos locales, incluir dentro de sus planes reguladores variables que incluyan nuestra riqueza arquitectónica y arqueológica. De lo contrario en menos de una década solo podremos conocer estas edificaciones y sitios por medio de fotografías.
Nos toca hoy a los ciudadanos tomar conciencia del asunto y a los que tienen el poder político hacer respetar la legislación que en este campo existe. (Fotos Leonardo Jiménez Campos)