- Municipalidad de La Unión: “Vecinos construyeron sin permisos municipales y en una zona de vocación forestal”
Una Orden del Tribunal Contencioso Administrativo detuvo la demolición de 78 viviendas ubicadas en el sector de Calle Girales en Santiago del Monte, San Diego. El ente judicial ordena al ayuntamiento local remitirle en tres días hábiles cuál ha sido el proceder y justificación para tomar dicha decisión.
La municipalidad de La Unión ha defendido en distintas ocasiones que en ese lugar se ha construido viviendas en sectores establecidos por el Plan Regulador urbano como zonas de amortiguamiento a la Zona Protectora Cerros de La Carpintera y no aptos por su topografía para la construcción de complejos residenciales.
El operativo policial inició en la madrugada del jueves 7 de abril y reunió a más de 130 oficiales de la Fuerza Pública acompañados por funcionarios de distintas instituciones.
Municipalidad de pronuncia
La alcaldesa de La Unión, Licda. Lydia Garita Rodríguez, manifestó que ante inicio de desalojo y demolición de construcciones ilegales en sectores conocidos como La Alambra y Unidos por el Progreso, en Calle Girales, San Diego La Unión, reitera que la municipalidad ha actuado como corresponde, en cumplimiento de la Ley de Construcción y su reglamento, y en acatamiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Contencioso Administrativo.
“Este proceso inició con presencia de efectivos de la Fuerza Pública hoy jueves 07 de abril, entre 6 y 7 a.m., quienes dieron aviso a vecinos; sin embargo fue detenido por una medida cautelar del mismo tribunal que ordenó suspender el acto. En este momento el documento es analizado por abogados de la corporación municipal” acotó.
Agregó Garita que “Lo único que hemos buscado es proteger la vida de las familias que han construido sus viviendas ilegalmente, y también para preservar nuestros Cerros de La Carpintera”.
Reiteró que “… en todo momento seguimos el debido proceso, notificamos a personas que residen en los sectores mencionados, que las fincas no son aptas para la construcción de vivienda, cumpliendo con ello, nuestro deber como Gobierno Local, de efectuar un control urbano responsable. En todos los casos los vecinos desacataron nuestras notificaciones y prevenciones”.
“Cumplimos como ayuntamiento responsable las directrices de informe respectivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como normas constructivas vigentes. La CNE reitera lo anterior en reciente divulgación de su Política Nacional de Gestión de Riesgo, publicada actualmente en su web institucional”.
Subraya la jerarca municipal que “otras situaciones irregulares que la municipalidad ha constatado en este caso comprenden: no se respeta en algunos casos la distancia establecida para protección de ríos y quebradas, se ha construido en zonas no permitidas por el Plan Regulador vigente y sobre alcantarillas, sin estudios técnicos de capacidad y cantidad de agua que proviene montaña arriba, además se ubicaron en área de amortiguamiento de vocación forestal, donde es prohibido construir viviendas por su alta vulnerabilidad ambiental y topografía.
Por último la Licda Garita enfatizó que “… el Gobierno Local de La Unión está comprometido a: salvaguardar la vida de sus habitantes, por encima de intereses politiqueros y de cualquier otra índole. Proteger los recursos naturales, como los mantos acuíferos que yacen en esta zona protectora La Carpintera y ser una Alcaldía responsable con el cumplimiento de la legislación vigente y de los Tribunales de Justicia costarricenses”.
“Priva el interés de las familias”
Para el alcalde electo Luis Carlos Villalobos Monestel quien acompañó a los vecinos durante el operativo subrayó que debe privar el interés de las familias. “En tanto el Gobierno Nacional y sus instituciones no tengan una solución de vivienda para las familias ubicadas en el sector no se pueden desalojar. Muchos de ellos por no decir que todos, están a derecho. Cada uno tiene la necesidad de tener su vivienda y donde residir hay familias completas de niños, de escolares, adolescentes, colegiales y considero que en un eventual desalojo lo que se debe tener primero es una solución de vivienda alternativa. Si no la tiene un Gobierno Local no puede incidir en un desalojo de forma drástica, incluso hubo que acudir a una vía judicial que dio la razón que no procedía el desalojo. Creemos que debemos tanto municipalidad como vecinos buscar soluciones en conjunto. Estaremos coordinando con las entidades correspondientes una vez asumamos nuestros cargos el 1 de mayo próximo” argumentó.
“Hemos hablado con los habitantes y es lógico que no se pueden invadir zonas de completa protección y que en las partes de las zonas de amortiguamiento, se dicta otro tipo diferente de construcción. Ellos lo tienen muy presente y están evitando que se construya en zonas donde se pueden presentar emergencias, pero considero que también parte del quehacer del gobierno local es unirse con la gente y buscar soluciones alternas y en conjunto” subrayó Villalobos.
Margarita Campos Chinchilla: “Se frenó por una orden del Tribunal Contencioso Administrativo, es un atropello de la señora alcaldesa contra toda esta gente. La gente lo que necesita es ayuda no que los vengan a demoler la casa sin pensar en los chiquitos, ni la gente mayor. No dan soluciones de adonde los vamos a trasladar, si quiere entrar a una finca privada debe primero dar una solución a estas familias que les dejaría sin casa. Nadie es precarista todos son dueños. Todos han construido con recursos propios, es gente que ha hecho casas buenas y se ha sacrificado, ellos son los dueños de los terrenos y tienen escrituras”
Wilbert Zamora: “Nosotros vivimos aquí compramos a Doña Margarita el terreno y esperamos que nos ayuden en algo, uno ha gastado mucho dinero, solo la casa nos costó más de tres millones y el terreno cuesta siete millones doscientos mil colones que pagamos en cuotas mensuales de 140 mil colones. Fue un préstamo que nos hizo Doña Margarita. En la municipalidad nos dicen que no pueden hacer nada pese a que presentamos el plano catastral que nos dio la señora, solo queremos que se nos haga valer los derechos”