El pasado 14 de setiembre el periódico Crónicas de La Unión cumplió 24 años de circulación ininterrumpida. Mes a mes y ahora día a día, desde nuestro medio se ha comentado, informado, denunciado e identificado con acontecimientos y el quehacer de la vida cantonal.
Nuestro rol, como medio de comunicación local, no se limita a informar. También implica cuestionar, investigar y, cuando sea necesario, denunciar.
En estos 24 años, hemos sido un canal para que la ciudadanía pueda expresar sus inquietudes y, sobre todo, un contrapeso necesario ante las decisiones de quienes ostentan el poder en el gobierno local. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante retroceso en el acceso a la información pública, un derecho que está consagrado en nuestra legislación.
El acceso a la información pública está consagrado en el artículo 30 de la Constitución Política de Costa Rica, que garantiza a toda persona el derecho de acceder a la información de interés público. Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley No. 9158) establece que todas las entidades del sector público tienen la obligación de proporcionar la información solicitada en un plazo razonable y sin necesidad de justificar su interés. Esta ley subraya que la transparencia no es una concesión de las autoridades, sino un deber que deben cumplir.
El muro del silencio
La actual administración municipal, con una preocupante frecuencia, ha adoptado una postura de silencio, levantando un verdadero “muro” ante nuestras consultas. Este muro, que podría compararse a las barreras informativas de la Guerra Fría, ha aislado a las autoridades del escrutinio ciudadano. No hablamos de casos aislados ni de demoras comprensibles. Hablamos de un patrón sistemático de opacidad que no solo afecta nuestro trabajo como medio, sino que aumenta el sinsabor de un gran sector de la ciudadanía.
Nos preguntamos qué motiva esta estrategia de silencio. ¿Acaso las autoridades no comprenden que la transparencia no es una concesión, sino una obligación? En un sistema democrático, la rendición de cuentas no puede quedar supeditada a la discrecionalidad de quienes ocupan cargos públicos temporalmente.
La información que solicitamos no es privada ni confidencial, es pública. Y, por lo tanto, debe estar disponible para todos los ciudadanos.
Señor alcalde, hablemos sobre policía municipal, cumplimiento de la ley 7600, implementación de parquímetros, La Carpintera, construcciones ilegales, medio ambiente, reestructuración del aparato municipal, inversión en el acueducto, planificación a corto mediano y largo plazo, de deporte y cultura entre muchos otros. Usted tiene la palabra.
