• Cartago la mejor calificada de los gobiernos locales del país
La Contraloría General de la República (CGR) evaluó a 90 instituciones públicas de Costa Rica y puso nota baja a la respuesta de la municipalidad de La Unión en la atención de la pandemia del COVID-19.
La Unión obtuvo 24.9% de 100% en la valoración de la CGR colocándola en un nivel ¨incipiente¨ con respecto a las acciones emanadas de otros municipios e instituciones del Estado.
Por su parte la municipalidad de Cartago fue la mejor calificada con una nota del 80.4% de 100 posibles.
El objetivo del estudio realizado por el ente contralor fue determinar el nivel de la gestión de la continuidad institucional de 90 instituciones públicas que prestan 21 servicios públicos críticos, con base en el análisis de buenas prácticas aplicadas por esas entidades. Lo anterior, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que les permitan a las administraciones públicas contar con insumos para la toma de decisiones sobre el abordaje de la emergencia sanitaria actual y futuras situaciones similares, en procura de la prestación continua de esos servicios.
¨En ese sentido, esa gestión es una herramienta que fomenta la creación de marcos institucionales de preparación, respuesta y recuperación ante situaciones imprevistas en procura de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Lo cual permite a las instituciones públicas asegurar razonablemente la continuidad de servicios críticos y esenciales como la salud, la seguridad ciudadana y alimentaria, el abastecimiento de agua y energía. Así como, continuar realizando actividades que promueven la reactivación económica de manera segura, mediante la aplicación de protocolos, el uso de las tecnologías de información, la prestación de los servicios en línea, entre otros¨ subraya el informe.
Baja nota para mayor parte de las municipalidades
En el caso de los gobiernos locales, estos alcanzan en promedio el nivel más bajo de esa gestión (33,8%), lo que refleja una amplia brecha de mejora respecto a la definición e implementación de acciones que les permita consolidar la gestión de la continuidad institucional, para minimizar posibles afectaciones a los servicios públicos que prestan.El análisis por etapas de la gestión de la continuidad institucional refleja que la mayoría de las entidades no dispone de una línea de acción formalmente establecida para esa gestión, lo que es relevante a efectos de orientar su proceder ante un evento imprevisto, ya que de esta forma se define el marco de referencia que permite operativizar dicha gestión.
¿Por qué es importante?
La gestión de la continuidad institucional permite la identificación de las amenazas potenciales, los posibles impactos para las operaciones y los servicios, así como, las medidas de protección y mitigación para que su afectación sea la mínima posible. Dicha gestión promueve la prestación continua de los servicios públicos mediante la reducción de los riesgos y la planificación de su recuperación, lo cual, en contextos de emergencia como el actual, constituye una de las condiciones principales que favorecen la apertura de la actividad económica.
En ese sentido, esa gestión es una herramienta que fomenta la creación de marcos institucionales de preparación, respuesta y recuperación ante situaciones imprevistas en procura de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Lo cual permite a las instituciones públicas asegurar razonablemente la continuidad de servicios críticos y esenciales como la salud, la seguridad ciudadana y alimentaria, el abastecimiento de agua y energía. Así como, continuar realizando actividades que promueven la reactivación económica de manera segura, mediante la aplicación de protocolos, el uso de las tecnologías de información, la prestación de los servicios en línea, entre otros.
Recomendaciones
La Contraloría recomienda a las instituciones públicas analizar los resultados obtenidos respecto al nivel de gestión de la continuidad institucional en procura de implementar prácticas que les permitan establecer un marco para la construcción de su capacidad de adaptación ante eventos imprevistos, algunos disruptivos como la actual emergencia sanitaria, generar información para la toma de decisiones, gestionar los riesgos y minimizar el impacto sobre la prestación de los servicios.Considerando el rol del Gobierno Central en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, el aseguramiento de la continuidad de los servicios públicos y la promoción de la reactivación económica se recomienda a los rectores institucionales la definición de orientaciones o guías para la gestión de la continuidad institucional tanto para su propia aplicación como por parte de sus órganos desconcentrados y las instituciones bajo su rectoría.
A la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, así como a las instituciones supervisoras y reguladoras en diferentes sectores, considerar los resultados contenidos en este informe como un insumo para la toma de decisiones en el ejercicio de sus competencias.
(Fuente: Informe N° DFOE-EC-SGP-00001-2020del 3 de agosto, 2020 Seguimiento de la Gestión para la Continuidad de los Servicios Públicos Críticos ante la Emergencia Sanitaria) Para mayor información https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/continuidad-de-los-servicios-publicos/eje-n-1-gestion-de-la-continuidad-institucional