Javier Antonio Torres-Vindas
Sociólogo, vecino Barrio Fátima, Tres Ríos
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Como es ya sabido, en 2007 Costa Rica enfrentó una coyuntura similar ante el Tratado de Libre Comercio (TLC). En este caso particular, el golpe de timón lo dio el presidente Oscar Arias con la vía presidencial de convocatoria a referéndum, unos días después de que se había presentado la iniciativa ciudadana de convocatoria ante el Tribunal Supremo de Elecciones (en noviembre de 2006 se había desestimado esa vía ciudadana).
Entre abril y el 7 de octubre de 2007, el país se polarizó en los movimientos del SÍ y el NO. Cabe destacar que en ese contexto circuló el polémico memorándum Casas-Sánchez. Finalmente, se aprobó el TLC con una participación del 59,24% del electorado. El SÍ ganó con el 51,6% de los votos válidos, frente al 48,4% de los votos del NO.
Con esa experiencia histórica ¿qué podemos esperar de un posible referéndum sobre la Ley Jaguar? La teoría de los “jugadores con veto”, desarrollada por George Tsebelis, nos ofrece un marco valioso para analizar esta situación. Según Tsebelis, los jugadores con veto son actores individuales o colectivos cuyo acuerdo es necesario para cambiar el statu quo político. En el caso de la Ley Jaguar, nos encontramos ante una compleja red de jugadores con veto: el Ejecutivo, el Legislativo, la Contraloría misma y, potencialmente, la ciudadanía a través del referéndum.
Por un lado, el referéndum podría verse como una herramienta para superar los bloqueos políticos y dar voz directa a la población en un tema de gran relevancia institucional. En teoría, esto convertiría a los ciudadanos en jugadores con veto, ampliando la base de participación democrática.
Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos inherentes a este proceso. Cuando el mismo actor que convoca el referéndum también formula la pregunta, como es el caso del presidente Chaves, existe un peligro real de manipulación del resultado. Además, el uso de referéndums como una alternativa binaria de “todo o nada” ha sido criticado por simplificar en exceso temas complejos.
Es crucial recordar que, según los analistas del Bank of America, la Ley Jaguar podría debilitar significativamente a la Contraloría General de la República, afectando el sistema de controles y contrapesos que ha caracterizado a la democracia costarricense. En este contexto, el referéndum podría ser visto no como un ejercicio de democracia directa, sino como una estrategia para anular a otros jugadores con veto institucionales.
La experiencia internacional nos advierte sobre el uso estratégico de referéndums en procesos de reforma constitucional o institucional. Lejos de ser una panacea democrática, estos mecanismos pueden ser utilizados para legitimar decisiones ya tomadas, sin convertir realmente a los ciudadanos en creadores de políticas.
Ante este panorama, es fundamental que la sociedad costarricense reflexione profundamente sobre las implicaciones de este posible referéndum. ¿Estamos ante una genuina oportunidad de participación ciudadana o frente a una maniobra política que podría socavar nuestras instituciones democráticas?
La teoría de Tsebelis nos recuerda que la estabilidad política depende del número de jugadores con veto y de la distancia ideológica entre ellos. En este sentido, un referéndum sobre la Ley Jaguar podría alterar significativamente el equilibrio institucional de Costa Rica.
Como sociedad, debemos exigir un debate amplio y transparente sobre esta propuesta. Es crucial que se consideren todas las voces y que se evalúen cuidadosamente los pros y contras de utilizar un mecanismo de democracia directa para una decisión de tal envergadura.
En última instancia, la fortaleza de nuestra democracia no se mide solo por la frecuencia con la que consultamos directamente a la ciudadanía, sino por la solidez de nuestras instituciones y la capacidad de nuestro sistema político para equilibrar diferentes intereses y perspectivas.
El desafío que enfrentamos con la Ley Jaguar y su posible referéndum es mantener este delicado equilibrio, asegurando que cualquier cambio institucional fortalezca, en lugar de debilitar, los fundamentos de nuestra democracia. Solo así podremos garantizar que Costa Rica siga siendo un ejemplo de estabilidad y gobernanza democrática en la región. En resumen, un posible referéndum nos pone en una situación para fortalecer la institucionalidad democrática o una estrategia política que debilita esta.
Volviendo a los argumentos centrales de Tsebelis tendríamos argumentos a favor y en contra de un nuevo referéndum, que debemos considerar en una democracia deliberativa y plural.
A favor del referéndum:
- Permitiría que las preferencias de la población se vean reflejadas en el proceso de creación de políticas, convirtiendo a los ciudadanos en “jugadores con veto”.
- Podría ser una herramienta efectiva para superar los bloqueos políticos cuando hay múltiples “jugadores con veto” involucrados, como el ejecutivo y el legislativo.
- Funcionaría mejor si se usa para confirmar una propuesta, en lugar de ser una alternativa binaria de “todo o nada”.
En contra del referéndum:
- Cuando el mismo actor que desencadena el referéndum también hace la pregunta, aumenta su capacidad de influir en el resultado.
- Los referéndums no obligatorios pueden ser promovidos por actores con jurisdicción como una estrategia para anular a otros “jugadores con veto”.
- El uso estratégico de referéndums o plebiscitos en procesos constituyentes, como una alternativa binaria, ha sido criticado recientemente.
- Los referéndums no convierten a los ciudadanos en creadores de constituciones, y tampoco son una condición suficiente para afirmar que la constitución fue producto de la voluntad soberana.