- “Debe evaluarse oportunamente por las autoridades para que no se den pérdidas de vidas humanas”, explicó hace diez años el geólogo Julio Madrigal.
El jueves 7 de noviembre de 2024, en la zona de Calle Mollejones, distrito de Río Azul, se registró un deslizamiento en el que falleció un niño de 4 años. Según Daniel Malavassi, de la Comisión Municipal de Emergencias (CME) de La Unión, en el área existen construcciones ilegales bajo la figura de derechos indivisos. La vivienda donde vivía el menor, construida con madera y láminas de zinc, estaba ubicada en una ladera empinada.
La madre del niño relató al periódico La Nación: “Fue entre 2:10 p. m. y 2:20 p. m., él estaba en el cuarto dormido. Me levanté a hacer café para dárselo cuando oí el deslizamiento; corrí para ayudarlo, pero cuando lo sacamos ya no tenía vida. La Cruz Roja intentó ayudar, pero no se pudo hacer nada”.
Además del suceso ocurrido en Calle Mollejones, vecinos del distrito de San Rafael, específicamente en San Vicente, han sufrido pérdidas debido a las lluvias de los meses de octubre y noviembre de este año.
Diez años antes, Madrigal había advertido sobre el estado crítico de la zona: “En Calle Mesén y Calle Mollejones se ven condiciones muy evidentes de una mala planificación; lo que es toda la parte de San Vicente, San Diego, y las laderas del cerro de La Carpintera. Se ha ido consumiendo el área de montaña, lo cual refleja un impacto ambiental muy alto y una condición de desorden urbano abismal. Hay una deficiencia de control urbano que las mismas autoridades municipales deben analizar y abordar; esto refleja un problema muy serio”, concluyó Madrigal en 2014.
De esa visita de Madrigal al cantón resultó el Informe Técnico de Valoración del Grado de Vulnerabilidad de algunas Comunidades en los Distritos de Río Azul, San Diego, San Rafael y Tres Ríos (IAR-INF-0362-2014), donde se documentaron las condiciones de vulnerabilidad en estos lugares. En dicho informe, el área del suceso fue clasificada como el “sector 2” y se detallaron problemas como falta de control urbano, viviendas construidas en laderas, alta contaminación ambiental, construcciones en terrenos de relleno y control inadecuado de aguas pluviales y servidas.
El informe concluyó que la CNE no emitiría más evaluaciones técnicas en esta área, indicando que “existen suficientes documentos relacionados con la problemática y deben ser los profesionales del municipio quienes justifiquen técnicamente los trámites solicitados”. Además, señaló que “las recomendaciones de este informe (IAR-INF-0362-2014) son de carácter vinculante para las instituciones a quienes se dirigen”.
Como medidas de prevención y mitigación, la CNE recomendó “que la Municipalidad de La Unión estableciera una política regulatoria mediante un Plan Regulador que delimitara áreas de riesgo, señalando en mapas las zonas críticas, como las laderas pronunciadas y los cauces fluviales erosionados en sectores como Linda Vista, Loma Gobierno, IMAS, Calle Carvajal, Calle Lizanías, Calle Progreso, Calle Pueblo Nuevo, 02 de Agosto, sector del Tajo, Calle Mesén, Calle Mollejones, Calle Girales, San Vicente y Quebrada El Fierro.“
En la Municipalidad de La Unión señalaron que entre los procesos para mitigar esta situación se encuentra: “la aprobación del plan la regulador con el concepto de renovación urbana a través de la responsabilidad del Gobierno Local en el actuar de la Comisión Carpintera. Así mismo existen procesos legales iniciados para el desalojo y demoliciones de construcciones ilegales”; sin embargo, el plan regulador fue aprobado hasta 2023, nueve años después de la recomendación de la CNE.
Sobre los resultados de los procesos realizados por el municipio, el Departamento de Comunicación y Divulgación señaló: “en el caso del Gobierno Local se actúa con actos de clausura; en caso de violación de sellos de inician los procedimientos a través del Control Urbano para elevar a las órdenes del Poder Judicial los actos de irrespeto de las normas constructivas ; las demoliciones son consecuencia inequívoca del tazón que lleva la Municipalidad en estás denuncias que alcanzan también el resguardo de la Zona Protectora La Carpintera.”
Según el informe del Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2023, elaborado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) con datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), en el cantón de La Unión unas 10,747 personas residen en asentamientos informales, distribuidas en un total de 3,489 viviendas. Río Azul es el tercer distrito del país en esta condición, con 7,882 personas y 2,544 viviendas en situación de informalidad.
IAR-INF-0362-2014
Los informes de los que se habla aquí así como el fallo de la sala Constitucional donde se dan instrucciones al Gobierno Local para que lleve a cabo el proceso de desalojo de las viviendas asentadas ilegalmente, lo conocemos todos los que, de alguna forma, hemos estado relacionados con el tema de defender a nuestra zona protectora Cerros de la Carpintera. Se han creado comisiones a lo interno de la Municipalidad que daban esperanza sobre el actuar del Municipio, pero tal parece que sus líderes no han tenido la capacidad de coordinar a todas las entidades que deben participar y definir un mapa de la ruta para llevarlo a cabo. Pero no hay que dejar de reconocer que este letargo y estas “ vaciladas “ que nos dan quienes administran nuestro cantón se da porque los ciudadanos y sus organizaciones no se unen para establecer un “ hasta aquí” Señalamos las omisiones y los errores continuamente porque eso es mucho más fácil que ponerse a pensar, a proponer y a trabajar en lo que podemos hacer desde nuestro metro cuadrado y desde las organizaciones que integramos. Me pregunto y les pregunto a Uds si la desidia no desaparecería si todas las asociaciones y comités levantáramos la vista para ver la gran fuerza de la que somos capaces si nos diéramos la mano para trabajar juntos. Ante un frente común organizado, disciplinado y constante que tenga el control y vigilancia de lo importante que no se hace en nuestro Cantón, la administración municipal tendría que responder.
Desde el 2014, ya el Geól. Julio Madrigal de la CNE dio las recomendaciones, advertencias y las responsabilidades que cada entidad gubernamental debe de aplicar en esta zona. Es lamentable ver como el avance de construcciones ilegales en la Zona Protectora de la Carpintera continua año con año y más por el sector de Calle Mesén y lo que refleja es que las autoridades locales no están cumpliendo con su obligación. Un plan regulador podrá dar orientación, pero si se sigue permitiendo construcciones ilegales, el plan no será más que “un saludo a la bandera”. Gracias.