Grupos Ambientales
Pedro A. Soto Sánchez
Colaborador
Doce peticiones para “iniciar un movimiento que de una solución definitiva a la problemática de los Cerros de la Carpintera”, fueron presentadas por las asociaciones Movimiento Cívico, Movimiento Tiribí Limpio y Unidos por La Carpintera.
Lo anterior, en reunión realizada el viernes 24 de Mayo, con la participación de representantes del Concejo Municipal, la Gestión Ambiental de la Municipalidad, delegados del Ministerio de Vivienda y Asentamiento Humanos, Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Instituto Tecnológico, Universidad de Costa Rica y delegados de la Asamblea Legislativa.
Entre las solicitudes realizadas por estas organizaciones destacan la contratación de personal para la vigilancia de la zona y la designación de oficiales de Fuerza Pública, para coordinar esa labor mientras se crean las plazas solicitadas. También pidieron al MINAE información sobre el Programa de Servicios Ambientales que prevé incentivos económicos a los dueños de propiedades que se inscriban en ese programa.
La Carpintera es propiedad de personas físicas y jurídicas de carácter privado, la mayoría de las cuales han gestionado sus propiedades “garantizando” su conservación y protección.
Además, los grupos ambientales pidieron organizar campañas de información sobre actividades permitidas en la zona protectora, amojonamiento del Área ; declararla “zona de interés nacional” y elevar su categoría de protección.
“La Zona Protectora Cerros de La Carpintera (ZPCC) fue establecida en 1976. Tiene un área de 2391 hectáreas. Entre las razones citadas para justificar la categoría de Zona Protegida predomina el hecho que en ella se encuentran los últimos remanentes de los bosques húmedos montanos del Valle Central. Dichos cerros constituyen no solamente parte importante de la biodiversidad de nuestro Cantón sino también de la GAM, por lo que se vuelve un pulmón importante para todos los habitantes de estas zonas y nuestro deber es velar por su protección y cuidado”, señala el documento presentado por estos grupos.
Al Concejo Municipal, se le pidió apoyar las acciones que realicen las Instituciones para proteger Los Cerros de La Carpintera y medidas para detener las construcciones y garantizar su debida conservación.
En el documento no se menciona ninguna gestión específica para que se cumpla la sentencia judicial que obliga a la Municipalidad a demoler las construcciones ilegales dentro de la zona protectora. Tampoco se incluyen actividades que promuevan la participación de las familias residentes en la zona, algunas dentro de la Zona Protectora, ni de los propietarios de las fincas. Solo se les menciona como destinatarios de programas alternativos de vivienda, en el caso de las familias residentes, y de campañas informativas para el caso de los propietarios.
Responsabilidad compartida
Jorge Calvo Cascante, Presidente del Concejo Municipal, quien también estuvo en la reunión, expresó que la situación actual es responsabilidad de las dos anteriores administraciones municipales.
Comentó que: “por compromisos políticos el Alcalde Luis Carlos Villalobos no ejecutó el desalojo ordenado por las autoridades judiciales en el 2015, a pesar de que la exalcaldesa Lydia Garita ya había cumplido los trámites para llevarlo a cabo”.
Tampoco durante la primera administración de Cristian Torres se hizo nada definitivo. “Se realizaron algunas gestiones, pero siguió la desidia y el incumplimiento de las resoluciones judiciales”, enfatizó el Presidente del Concejo Municipal.
Ante estas declaraciones consultamos ante la oficina de comunicación de la Municipalidad de La Unión quienes respondieron: “Desde la Municipalidad de La Unión y la alcaldía hemos estado realizando diferentes acciones con respecto al tema mencionado, los cuales están resumidos en el MLU-DJUR-273-2024 el cual adjuntamos para su conocimiento”.
Además agregaron que: “La alcaldía envió un representante municipal, quien fue el gestor ambiental Ricardo Laurent, posterior a la reunión él tiene que entregar un resumen de lo que se estuvo planteando en la visita”.
Calvo Cascante señaló también que: “lamentablemente los grupos ambientalistas tampoco utilizaron las herramientas necesarias para accionar por la vía judicial. No sé por qué razón nunca acudieron a la fiscalía ambiental ni a la Sala Constitucional, ni realizaron ninguna presión para que se cumplieran las sentencias dictadas, permitiendo que se vencieran plazos y que la problemática se siguiera agravando”.
“Nosotros haremos todo lo que por ley corresponda y le hemos dicho a los grupos ambientalistas que los respaldaremos cuando presenten las denuncias que correspondan ante la fiscalía ambiental”. “Tenemos la voluntad de que antes de que termine esta administración este tema quede resuelto”, expresó el Presidente Jorge Calvo Cascante.
Los participantes acordaron establecer una mesa de trabajo para determinar la manera en que ejecutarán las solicitudes propuestas. La convocatoria de esta reunión fue organizada por las asociaciones Movimiento Cívico, Movimiento Tiribí Limpio y Unidos por La Carpintera, con el respaldo del Diputado Antonio Ortega, del partido Frente Amplio.
¿Qué solicitaron y a quiénes?
| ¿Qué solicitaron? | ¿A quiénes? |
| Informar a los propietarios sobre las actividades permitidas y no permitidas, según el Plan de Manejo de la Zona Protectora y Plan Regulador | Alcaldía de La Unión |
| Apoyar las acciones para detener las construcciones ilegales y proteger la zona | Concejo Municipal |
| Crear plazas para asegurar el control y vigilancia de la zona protectora | MINAE en conjunto con las municipalidades de La Unión, Cartago y Desamparados |
| Mientras se establecen las plazas solicitadas, coordinar con Fuerza Pública el cuido y resguardo de la zona | Fuerza Pública |
| Realizar campaña informativa sobre el Programa de Servicios Ambientales (PSA) para valorar el mecanismo de financiamiento para manejo, conservación y el desarrollo sostenible de los recursos del bosque y de la biodiversidad | MINAET |
| Campañas de información permanentes basadas en el Plan de Manejo de la Zona Protectora, Ley Forestal y normativa ambiental – Colocación de rótulos informativos | Municipalidades de La Unión, Cartago y Desamparados, MINAE y SINAC |
| Coordinar con el MINAE, SINAC, Fuerza Pública, Estación de Bomberos, Municipalidades de Cartago, Desamparados y Curridabat, las acciones requeridas para controlar y proteger los recursos naturales de la Zona Protectora. | Alcaldía de La Unión |
| Declarar La Carpintera “de interés nacional” y elevar su categoría de protección | Asamblea Legislativa |
| Realizar investigaciones y estudios socio ambientales sobre el impacto y daños ocasionados por las quemas, trochas y construcciones ilegales realizadas. Implementar proyectos de TCU, jornadas de limpieza y coordinar estos trabajos con grupos e iniciativas ambientalistas | Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica – Ríos Pura Vida, Rio Urbano, Proyecto Río Bardas |
| Realizar control político, seguimiento de la problemática, realizar investigación sobre situación de La Carpintera | Asamblea Legislativa – Diputados de la provincia de Cartago |
| Revisar la Ley Forestal, para tipificar como delito de estafa la venta de derechos en zonas no aptas para construir. | Asamblea Legislativa |
| Evaluar la situación de las personas que habitan en la Zona Protectora, para determinar las soluciones de vivienda y garantizar una solución integral y estratégica. | Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en coordinación con el INVU y el BANVHI |